Carmena prepara un plan de choque de limpieza para antes de Navidades

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha reunido esta tarde con las empresas (OHL, Sacyr, FCC y Urbaser) a las que tiene encargada la limpieza de las calles de la capital. Tanto el gobierno municipal como las concesionarias “han compartido el diagnóstico de que la ciudad no está en condiciones”, según ha desvelado la concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés.“Vamos a abordar con carácter urgente medidas de choque”, ha añadido.

Estas medidas se empezarán a sentir gradualmente en las calles a partir de julio, pero el Ayuntamiento se ha puesto de plazo hasta Navidad para llegar a acuerdo con las empresas. Ese acuerdo pasa necesariamente por devolver a las calles a los barrenderos afectados desde 2013 por un expediente de regulación temporal de empleo. A cambio, el Ayuntamiento revisará los sistemas de control y sanción a las empresas por no alcanzar los niveles de calidad mínimos; las multas por ese motivo superan los 20 millones de euros desde la entrada en vigor de los contratos en agosto de 2013.

Ante la “preocupación” y “el nivel de alarma y malestar en los barrios y distritos” por la falta de limpieza viaria, el Ayuntamiento y las empresas han constituido cuatro “grupos de trabajo” bilaterales para “revisar los controles el personal y los medios”. Medio Ambiente realizará una encuesta de percepción y valoración ciudadana en los próximos días, que repetirá en Navidades. El Ayuntamiento recibe anualmente 180.000 avisos por falta de limpieza, especialmente en los distritos de Villaverde, Usera, Carabanchel, Latina, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas.

Contratos blindados y recortes de plantilla

En primavera de 2013, la anterior alcaldesa, Ana Botella (PP), acumuló 39 servicios públicos en un solo contrato y lo licitó por 10 años y 2.317 millones de euros (un 10% menos del coste hasta entonces). La competencia entre empresas rebajó aún más el precio, hasta 1.944 millones, lo que supuso un ahorro total del 23,7% para las arcas locales.

Con ese nuevo contrato, el Ayuntamiento dejó de exigir una plantilla mínima de trabajadores para mantener limpia la ciudad. En su lugar, pasó a controlar el resultado a través de 68 indicadores (que no haya pintadas en las paredes, que las papeleras no rebosen, que las calles se baldeen cada noche). En caso de incumplirse los niveles de mínimo de calidad, impone sanciones; en 2014, las empresas perdieron de esta manera 12 millones de euros.

Al no exigirse una plantilla mínima, OHL, Sacyr y FCC aprobaron en otoño de 2013 el despido de un 15% de la plantilla. Una huelga frenó ese recorte, pero sindicatos y empresas acordaron a cambio un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que según Comisiones Obreras, mantiene fuera de servicio a 2.536 empleados sobre una plantilla total de 7.523 personas. Ese ERTE ahorra a las empresas 15 millones de euros.

"El ERTE bloquea las campañas de urgencia"

Para la concejal de Medio Ambiente, acabar con ese ERTE es “la llave que permitirá determinadas actuaciones especiales o excepcionales”, puesto que “dificulta” llevar a cabo “planes de limpieza urgentes”. “La situación de ERTE bloquea las campañas de urgencia”, ha explicado Sabanés. “Es necesario que haya más trabajadores en las calles para limpiar la ciudad”, ha añadido. Según avanzó EL PAÍS, el Ayuntamiento quiere que las empresas dediquen un contingente extraordinario cada sábado a un distrito diferente para dejarlo limpio como la patena. Con 21 distritos, tocaría dos o tres veces al año a cada uno.

La clave para acabar con el ERTE pasa por una revisión del sistema de control y sanciones, que por contrato puede cambiarse aún. Las empresas quieren además más dinero, pero el Ayuntamiento pretende usar como moneda de cambio ese millón mensual que pierden en multas. O bien mediante un cambio en el sistema de control y sanciones, o bien, en último término, usando el dinero de las multas para reforzar la limpieza.

El Ayuntamiento lo tiene claro: la falta de limpieza se debe a la falta de barrenderos. Las empresas “alegan que hay una parte muy importante de sus recursos y trabajo que va vinculada al control de los indicadores”; es decir, que gastan demasiado dinero en esos aspectos de gestión en vez de dedicarlo a limpiar la ciudad.