El Parlamento catalán reclamará el cierre de los CIE

El Parlament aprobó ayer instar al Gobierno de Rajoy a que proceda a cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, en Barcelona. La cámara se basa en la investigación realizada por un grupo de trabajo que ha constatado las condiciones “lamentables” en las que residen los ciudadanos extranjeros ingresados en ese centro por carecer de permisos para vivir en España. La propuesta, que se elevará al Pleno, salió adelante con los votos a favor de todos los grupos de la cámara salvo el PP y Ciutadans.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlament aprobó la resolución que exige al Gobierno de Rajoy que inicie, en el plazo más breve posible, un proceso de cierre del centro que existe en Cataluña como los que tiene distribuidos en el resto de España. La petición sostiene que la legislación europea —la Directiva 2008/115/CE— no obliga a que existan los CIE donde son retenidos ciudadanos extranjeros por carecer de permisos en regla y que implican por tanto solo sanciones administrativas. El Parlament reclamó también que los CIE se sustituyan con medidas alternativas al internamiento como la retirada de documentación, la presentación periódica ante la autoridad o la libertad vigilada.

La resolución prosperó por 17 votos a favor y 4 en contra y su aprobación fue recibida con un sonoro aplauso de los miembros de las entidades sociales presentes en la sala. El texto culmina una investigación de seis meses realizada de forma conjunta entre diputados, expertos y representantes de distintas entidades. En la sesión de ayer se aprobó también solicitar al Ejecutivo central el cese inmediato de las “deportaciones exprés”. La propuesta de CiU fue apoyada por la mayoría de grupos. “La policía expulsa a personas bajo un régimen de detención de 72 horas, sin previo aviso y sin que intervenga ningún tipo de asistencia letrada”, denunciaron los nacionalistas. La comisión admitió una enmienda en contra de que las fuerzas de seguridad realicen identificaciones o detenciones en función del “perfil étnico” de las personas. También se reclamó que los Mossos investiguen denuncias de maltrato o de tortura en el CIE de Barcelona.

El Partido Popular votó en contra de todas las conclusiones, excepto de las suyas, alegando que “desde el principio en el grupo de trabajo se pretendió el cierre de los CIE, no su revisión”, explicó el diputado Sergio Santamaría. El popular argumentó, para defender la existencia del centro de Zona Franca, que “el 85% de sus internos tiene antecedentes por detenciones previas”. La diputada de Ciudadanos, Carmen de Rivera se abstuvo en la mayoría de puntos y votó en contra de la resolución final, aunque afirmó: “Los CIE son verdaderas cárceles fuera del sistema penitenciario”.

La CUP proponía derogar la actual Ley de Extranjería pero los votos de CiU, PSC y PP evitaron que saliese adelante. Como tampoco se ratificaron las peticiones de Iniciativa (ICV-EUiA) y la CUP para “instalar cámaras de videovigilancia en los baños y el interior de las celdas” de estos centros.

La sesión fue seguida en el Parlament por una veintena de representantes de entidades en defensa de los derechos humanos. Entre ellos, figuraron la Plataforma Tamquem els CIE, la Fundación Migra Studium y el colectivo SOS Racisme. Los portavoces de estos colectivos celebraron este “primer éxito” en una lucha de hace muchos años que ahora se concreta y que goza del respaldo de la alcaldesa Ada Colau que encabezó el pasado día 20 una manifestación en la Zona Franca. “Esta resolución es histórica y esperamos que suponga un cambio de paradigma en las políticas de extranjería”, manifestó el abogado Andrés García Berrio de la plataforma Tamquem els CIE . “Exigimos que en los programas electorales para las próximas elecciones se incluya el cierre de los centros de internamiento”, reivindicó. “Hay que trabajar juntos porque en un año podríamos lograr que cierren todos los CIE, de Cataluña y del resto de España”.