Arantxa Sánchez Vicario firma la paz con sus padres por dos casas

Arantxa Sánchez Vicario ha firmado una paz frágil, pero una paz al fin y al cabo, con su familia. La extenista ha llegado a un acuerdo extrajudicial con sus padres y ha accedido a retirar la querella que había interpuesto contra ellos por haberla arruinado. El pacto, a cuyo contenido ha accedido EL PAÍS, contempla que la excampeona de Roland Garrós recupere la posesión de una vivienda en el centro de Barcelona y de un apartamento turístico en la Costa Brava.

El acuerdo fue firmado hace unos días por las dos partes en liza: de un lado, Arantxa y su marido Pep Santacana; del otro, los padres de la extenista, Emilio Sánchez y María Luisa Vicario. El primer punto del pacto alude al usufructo de un piso de grandes dimensiones que había sido propiedad de Arantxa en la avenida Diagonal de Barcelona, y que sus padres ocupaban como residencia habitual desde hacía años. Cuando el padre, aquejado de alzhéimer, fallezca, la madre tendrá un máximo de tres años para abandonar la vivienda, que quedará después en manos de Arantxa.

En el caso del apartamento turístico de Sant Pol de Mar (Girona), los padres se comprometen a abandonarlo el próximo mes de octubre. Los padres han ocupado la casa -que está a nombre de una de las sociedades creadas durante la carrera profesional de Arantxa- como lugar de veraneo, también desde hace muchos años. La intención de la jugadora es disponer de la vivienda para hacer frente a las deudas que aún mantiene con Hacienda.

Los Sánchez Vicario ponen fin a sus "disputas de índole personal y económico"

El pacto incluye otros dos puntos de menor relevancia: por un lado, Arantxa vende a precio de mercado el 50% de una sociedad que tenía a medias con su hermana mayor, María Luisa; por el otro, la hija y sus padres se reparten también a partes iguales unos fondos de inversión de la aseguradora Mapfre.

La firma, según han explicado fuentes cercanas al caso, implica que la extenista renuncia a ejercer las acciones penales que había puesto en marcha tanto en Andorra como en Barcelona. En 2012, la tenista se querelló contra sus padres, contra su hermano Javier-José y contra las dos personas de "confianza" que gestionaban, por orden del padre, sus ingresos: el abogado Bonaventura Castellanos y el gestor Francisco de Paula. Les acusó de haberse apropiado del dinero que ganó durante su trayectoria deportiva. La querella fue archivada inicialmente pero, en junio de 2013, la Audiencia de Barcelona obligó a reabrirla. Desde entonces, se han sucedido los intentos por llegar a un acuerdo que, hasta ahora, habían resultado infructuosos.

El pasado febrero, Arantxa declaró como testigo para ratificarse en la querella. "Estoy en la ruina y quiero que mi familia me explique por qué tengo tantas deudas. Hacienda y Luxemburgo me reclaman cantidades que no puedo pagar", dijo ante la juez. La jugadora detalló que se limitaba a jugar a tenis y que tenía "plena confianza" en su padre y su abogado. Su sorpresa llegó en 2003, cuando se vio envuelta en una causa por fraude fiscal. Fue condenada a pagar 5,2 millones de euros y se dio cuenta de que no tenía patrimonio para hacer frente a sus responsabilidades con la justicia.

El texto señala que las dos partes "han acordado firmar un acuerdo para resolver de forma definitiva" sus disputas "de índole personal y económica". Y precisa que no habrá "contraprestación económica" por ninguna de las dos partes. Arantxa renuncia a seguir adelante con la querella, pero no retira las acusaciones contra sus progenitores y sigue convencida de que le llevaron a la ruina económica.