Madrid apuesta por la limpieza a fondo de un distrito cada semana

El Gobierno municipal negocia con las concesionarias para tener 2.500 barrenderos más en las calles

Papeleras rebosantes y desperdicios en el suelo de una calle de Madrid el pasado sábado.
Papeleras rebosantes y desperdicios en el suelo de una calle de Madrid el pasado sábado.kike para

Madrid está sucia, y para remediarlo el Ayuntamiento quiere cambiar el sistema de trabajo de las empresas que deben mantenerlo limpio. El método del PP consistía en exigir un nivel mínimo de limpieza e imponer multas si no se alcanzaba. La alcaldesa, Manuela Carmena, ofrecerá a las empresas modificar ese sistema de control, pero les pedirá a cambio que cancelen el recorte temporal de empleo que mantiene fuera de las calles a 2.500 empleados, un tercio de su plantilla. Además, Carmena quiere que las empresas hagan limpieza a fondo de un distrito cada sábado, para luego concienciar a los ciudadanos a que ayuden a conservarlo así.

Que Madrid está sucia es algo en lo que coinciden todos los partidos en el Ayuntamiento. Incluido el Partido Popular, liderado por Esperanza Aguirre, que gobernó la ciudad en los últimos 24 años.

Inspectores insuficientes y posibles fraudes

Uno de los problemas del contrato de limpieza viaria detectados por el Ayuntamiento de Madrid ya cuando aún gobernaba Ana Botella (PP) es que sólo hay 300 inspectores municipales para controlar el trabajo de las concesionarias. Tocan así a razón de 17 hectáreas de aceras y calles cada uno para revisar a diario.

Además, el Ayuntamiento descubrió que las concesionarias “relajaban” su celo durante los fines de semana, a sabiendas de que había menos supervisores de servicio.

Por si fuera poco, Botella tuvo que abrir una investigación ante un posible caso de connivencia entre personal municipal y una de las concesionarias, a la que supuestamente se avisaba de dónde y cuándo eran las inspecciones para que tuviera la zona lista para revista y no sufriera así sanciones.

Pero ¿cómo remediar ese problema si la limpieza está en manos de empresas mediante contratos blindados por una década? “Los contratos no funcionan bien pero están en marcha”, admitió el jueves la portavoz municipal, Rita Maestre: “Todos los cambios habrá que hacerlos con diálogo entre las partes y respeto a la ley”.

En primavera de 2013, la anterior alcaldesa, Ana Botella (PP), acumuló 39 servicios públicos en un solo contrato integral, que cubriera desde la limpieza de las calles al cuidado de los parques. Lo licitó por 2.317 millones de euros (un 10% menos del coste hasta entonces) y 10 años. La competencia entre empresas rebajó aún más el precio, hasta 1.944 millones, lo que supuso un ahorro total del 23,7% para las arcas locales.

Además de ese recorte en el coste del servicio, el nuevo contrato incluyó un cambio de modelo: el Ayuntamiento ya no exige una plantilla mínima de trabajadores para mantener limpia la ciudad, sino que controla el resultado a través de 68 indicadores (que no haya pintadas en las paredes, que las papeleras no rebosen, que las calles se baldeen cada noche).

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Las medidas clave contra la suciedad

Sin sanciones pero sin ERTE. El Ayuntamiento pedirá a las concesionarias de la limpieza viaria que anulen el expediente de regulación temporal de empleo que mantiene fuera de las calles a un tercio de su plantilla. A cambio, se ofrece a modificar el sistema de sanciones de hasta el 20% del pago mensual comprometido por no alcanzar los niveles mínimos de calidad.

Un plan de choque al mes. El Ayuntamiento pedirá a las concesionarias que hagan limpieza a fondo en un distrito diferente cada sábado, para luego lanzar una campaña de concienciación entre los vecinos. A cada distrito le tocaría así dos o tres veces al año.

 Si los inspectores municipales detectan que las empresas no alcanzan el nivel de calidad adecuado, les descuentan una parte del pago mensual comprometido. Así, en 2014 las penalizaciones promediaron un 5,2% del pago acordado. La rebaja máxima prevista en el contrato es del 20%. Ese descuento supuso un millón menos al mes para las concesionarias.

 Este cambio de sistema en los contratos tuvo otra consecuencia: como el Ayuntamiento ya no exige una plantilla mínima, tres de las empresas (OHL, Sacyr, FCC) aprobaron un expediente de regulación de empleo (ERE) nada más entrar en vigor los contratos, en agosto de 2013. Pretendían echar al 15% de la plantilla (1.134 trabajadores), pero una huelga de 13 días logró frenar los despidos.

Se pactó a cambio un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que según Comisiones Obreras mantiene fuera de servicio a 2.536 empleados sobre una plantilla total de 7.523 personas. En concreto, 1.903 trabajadores en el servicio de limpieza viaria y otros 633 en jardinería (de los que 290 se ocupan del arbolado). Con ese recorte de empleo, las empresas se ahorran en sueldos 15 millones al año, según el sindicato. Pero claro, con un tercio menos de trabajadores en las calles, el servicio se deteriora.

La única forma de evitarlo que tiene el Ayuntamiento es sancionar a las empresas por no alcanzar el nivel mínimo de calidad, restando hasta un 20% del dinero que debe pagarles cada mes por el servicio. Pero las penalizaciones impuestas hasta ahora por el Ayuntamiento apenas superan el 5%, y suponen en todo caso una cantidad inferior al ahorro que obtienen las empresas con el ERTE.

En resumen: les sale a cuenta no tener suficientes empleados para hacer bien su trabajo, y pagar la sanción correspondiente.

El nuevo gobierno municipal de Manuela Carmena quiere acabar con el ERTE y con las multas.

Esta semana inicia una ronda de conversaciones con las empresas y los sindicatos con el objetivo de devolver a las calles a todos los empleados afectados por el expediente temporal de regulación de empleo. A cambio, el Ayuntamiento está dispuesto a modificar el sistema de control por incumplimiento de los indicadores de calidad, porque está convencido de que se ha demostrado ineficaz. De hecho, está dispuesto incluso a sacar a la calle a los responsables de las empresas para mostrarles que el sistema no funciona bien y hay que cambiarlo.

El área de Medio Ambiente, que dirige Inés Sabanés, planea otras medidas de control alternativo, como completar la instalación de localizadores GPS en todos los camiones del servicio de limpieza para controlar en todo momento dónde están. Y quiere implicar además a los ciudadanos para que mantengan limpia Madrid, mediante campañas de concienciación, pero no sólo. El Ayuntamiento quiere pedir un esfuerzo excepcional a las empresas: una campaña especial de limpieza a la semana, dedicando un contingente extraordinario cada sábado a un distrito diferente para dejarlo limpio como la patena. Con 21 distritos, tocaría dos o tres veces al año a cada uno. De forma que luego se pueda mostrar a los ciudadanos el resultado y pedir su implicación para mantenerlo.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS