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La Comunidad tendrá que pagar 76 millones a la Politécnica

El Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno regional a abonar a la universidad el dinero con el que esta contaba para financiarse

La Comunidad de Madrid tendrá que pagar a la Universidad Politécnica 76,4 millones de euros que se había comprometido a darle en el Plan de Financiación de las Universidades Públicas 2006-2010 y en el Plan de Inversiones 2007-2011. El Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno regional a abonar a la universidad el dinero con el que esta contaba para financiarse, pero que la Comunidad recortó unilateralmente ya en plena crisis.

La de la Politécnica es la sexta sentencia que dictan los jueces del Tribunal Supremo a favor de las universidades públicas madrileñas y en contra de la Comunidad por el incumplimiento de la financiación comprometida durante la etapa de Esperanza Aguirre, que se vio reducida de forma drástica a partir de 2008. Todas las universidades llevaron al Gobierno regional a los tribunales y los jueces les han ido dando la razón una por una, aunque, de momento, solo son firmes las referidas a la Complutense, la Autónoma, la Universidad Rey Juan Carlos y, desde ayer, la de la Politécnica.

El ERE, "no ajustado a derecho"

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado "no ajustado a derecho" el despido colectivo de 66 trabajadores de la Universidad Politécnica de Madrid. Así lo recoge en una sentencia que estima parcialmente las demandas presentadas por UGT y otras organizaciones sindicales.

La reclamación presentada por UGT el pasado 29 de abril pretendía impugnar el acuerdo del consejo de gobierno de la universidad de 9 de marzo de 2013.

Con él, la universidad justificaba el despido colectivo de 66 contratados. UGT consideraba que había incurrido en fraude de ley.

El Supremo tiene aún que pronunciarse sobre los recursos de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Carlos III, aunque la contundencia con la que los jueces han fallado hasta ahora sobre los otros campus hace prever que también lo hará a favor de estos. El tribunal insiste en que el Gobierno regional se comprometió a aportar a cada una de las universidades una determinada cantidad de dinero al año y a incluir esa cifra en las futuras leyes de presupuestos, por lo que los planes tenían naturaleza jurídica y la Comunidad no podía incumplirlos de forma unilateral. “Tal incumplimiento no es atribuible, por tanto, a las respectivas leyes de presupuestos generales, al legislador autonómico, sino a la inactividad de la Administración por no haber incluido una previsión de gasto conforme a lo pactado y que tal gasto fuera así autorizado”, señalan los jueces.

En el caso de la Politécnica, la Sala III condena a la Comunidad a abonarle 36,4 millones de euros por el plan de financiación y 40 millones por los gastos ya justificados del plan de inversiones. Esta cifra puede crecer porque el programa de inversiones comprometía para la Universidad un total de 54,4 millones, pero la Politécnica solo ha justificado el gasto de 40. Si ha invertido y justifica los otros 14,4 millones, los jueces del Supremo entienden que la Comunidad también tendrá que hacerse cargo de ellos.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Luis Requero, estima parcialmente el recurso que presentó la Politécnica contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que le dio la razón al campus, pero no en la cantidad que este pedía: la Universidad reclamaba los 90,8 millones de euros que había comprometido el Gobierno regional y el TSJM le reconoció el derecho a cobrar solo 14,3 millones.

Los jueces del Supremo anulan ahora esa sentencia y sí reconocen que Madrid se comprometió a pagar 90 millones, aunque, de momento, solo le obligan a sufragar los 36 millones del plan de financiación y los 40 ya justificados del programa de infraestructuras, lo que suma el total de 76 millones al que alude la sentencia. Si la Politécnica presenta la justificación del gasto de los otros 14 millones del plan de inversiones, conseguirá ingresar los 90 millones de euros a los que se comprometió la Comunidad y que nunca le llegaron. A esta cantidad, además, habrá que sumarle los intereses.

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