El nuevo alcalde de Navalcarnero halla facturas pendientes por 52 millones

El Ayuntamiento de Navalcarnero tiene una deuda de al menos 191 millones de euros, frente a los 114,5 millones que el interventor municipal reconocía el pasado septiembre. Baltasar Santos, imputado en tres causas, fue el alcalde, por el Partido Popular, de la localidad de 25.000 habitantes los últimos 20 años. Su sustituto, José Luis Adell, del PSOE, denuncia que los presupuestos reales del municipio son de 14 millones, muy por debajo de los 35,1 millones sobre el papel. El nuevo regidor se ha encontrado en los cajones facturas pendientes por 52 millones. Los presupuestos están prorrogados desde 2008.

La gestión de Santos ha convertido a Navalcarnero en un municipio que “no es sostenible financieramente”, según los informes de la Intervención. “Dicho más llanamente, esto es como el museo de los horrores. El anterior alcalde se ha dedicado a despilfarrar el dinero público”, critica Adell, que resume su primera semana al frente del Ayuntamiento “como sumergirse en una pesadilla de la que no te puedes despertar”.

Un plan de ajuste que contemplara la refinanciación de la deuda a 100 años, con un tipo de interés del 4%, por debajo del mercado, elevaría la cifra a pagar hasta 778 millones de euros, según los cálculos del nuevo equipo de Gobierno. En este caso, Navalcarnero tendría que destinar anualmente 7,7 millones de euros —la mitad de los ingresos propios— solo para abonar la deuda contraída por el Gobierno anterior.

Los ingresos de Navalcarnero fueron en 2014 de 19.822.580,82 euros, mientras que los gastos y obligaciones alcanzaron los 25.548.630,20. A esta última cifra hay que sumar otros 52 millones en “facturas en los cajones”, apunta el nuevo regidor. De ellos, más de 45 millones han sido confirmados en sentencias judiciales a entidades de crédito. La deuda con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social asciende a 5,7 millones.

La central no es la única Administración con la que Santos acumuló cuentas pendientes: a la Comunidad le debe otros dos millones (tasa de bomberos y Consejería de Transportes). Debido a estas deudas, el Gobierno regional embargó las subvenciones de los convenios para pagar escuelas infantiles, residencias de mayores y centros de día. La Comunidad ha retenido también los pagos para los programas de recualificación de empleados del INEM y diferentes subvenciones a las que se había acogido el municipio.

Además, la totalidad de las facturas y obligaciones desde el año 2011 están informadas “desfavorablemente” por la Intervención y Secretaría municipales, lo que imposibilita su pago sin incurrir en un posible delito de prevaricación. Eso, al margen de no tener liquidez para afrontar los pagos pendientes y presentes.

“El anterior alcalde se terminó de caracterizar por aprobar por decreto todos los gastos. Sin concurso público. Ni pliegos de condiciones. Directamente... Y con los informes en contra de la Intervención, claro”, explica Juan Benito, portavoz del Partido Democrático Popular (PDAP).

El Ayuntamiento de Navalcarnero ingresó en la etapa de Santos más de 50 millones por enajenación o venta de aprovechamientos urbanísticos y permutas en sectores que no se han ejecutado ni se pueden realizar. “¿Dónde se ha ido todo ese dinero?”, pregunta Adell.

Santos se presentó por el partido independiente Unión Reformista Ciudadana (URCi), tras ser expulsado del PP a mes y medio de las elecciones del pasado mayo. Solo obtuvo dos ediles (la pasada legislatura gobernó con 12). El PSOE logró siete, IU uno y otro el Partido Democrático Popular (PDAP). El 24 de mayo el PSOE fue el partido más votado, con seis concejales. El PP obtuvo cinco, Cambiemos Navalcarnero cuatro, Ciudadanos tres y el PDAP repitió con uno.