El primer juicio de las escuchas del ‘caso Brugal’ arranca en Alicante

Las escuchas policiales del caso Brugal no sólo sirvieron para descubrir una presunta trama delictiva político-empresarial en la provincia de Alicante. También, según cree la policía, cómo una funcionaria de Hacienda, Angélica Cherchi, y un asesor, Jorge Sanz, tuvieron acceso a información fiscal privilegiada para hacer creer a uno de los presuntos cabecillas de la trama, Ángel Fenoll, que podían interceder a su favor en una inspección tributaria a cambio de 100 millones de las antiguas pesetas. Ambos acusados negaron este lunes ante un juez de Alicante que pudieran tener acceso a esa información, en la sesión inicial de un juicio en el que por primera vez se pide la nulidad de unos 'pinchazos' que han dejado un reguero de imputados en una veintena de causas judiciales.

Los hechos se remontan a los meses entre julio y septiembre de 2007, cuando la policía se encontraba investigando el presunto amaño de la contrata de basuras de Orihuela (Alicante), detonante de todo el Brugal. Las escuchas telefónicas permitieron saber a los agentes que Fenoll andaba preocupado por una posible investigación tributaria de la que estaba siendo objeto y contactó con Sanz para que le tuviera al tanto de las inspecciones y tratara de influir en su resultado.

Sanz, como apoderado de Fenoll, acudió a Chirches. La empleada de la Agencia Tributaria aseguró ante los magistrados de la sección décima de la audiencia alicantina que su condición dentro del departamento de Discrepancias de Renta no le permitía tener acceso a la información que Fiscalía le atribuye y por la que le pide dos años de prisión y seis de inhabilitación en el cargo. Únicamente, facilitó a Sanz información que “no se puede considerar secreta”. Este, a quien la fiscalía pide también dos años, corroboró la versión de su compañera de banquillo.

Sanz admitió también que Fenoll le encargó informarse de si estaba siendo objeto de una investigación tributaria, situación que constató pero sobre la que no pudo actuar, ya que la Fiscalía estaba investigando al empresario por delito fiscal. Esta investigación, finalmente, resultó en una condena a Fenoll de 35 años y medio de cárcel por un fraude de 4,6 millones de euros durante tres ejercicios fiscales. Está pendiente de recurso.

La policía, en cambio, ofrece otra versión distinta a la del apoderado de Fenoll. El inspector jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Comisaría de Alicante señaló que este fue recomendado a Fenoll por el empresario y también investigado, Rafael Gregory. Se presentaba como “una especie de espía o policía fiscal especial” que podría mediar a favor de Fenoll. En ocasiones, con un falso guardia civil para crear ambiente o viajando en coches con matrículas oficiales, dando datos "muy precisos” que le facilitaba la funcionaria.

Piden la nulidad de los 'pinchazos'

El juicio es la primera pieza del caso Brugal que se juzga en Alicante con motivo de unas escuchas policiales por las que están imputados, entre muchos, tres exalcaldes de Orihuela, dos de Alicante o el expresidente de la Diputación, Joaquín Ripoll. Está considerada una de las piezas periféricas de una macroinvestigación cuyos asuntos centrales versan sobre hipotéticos amaños del urbanismo alicantino y el negocio de la gestión de residuos en la comarca de la Vega Baja.

La defensa de los acusados pide la nulidad del juicio al considerar que las escuchas por las que se acusa a Chircher y Sanz no estuvieron legitimadas. La orden judicial para pinchar los teléfonos en el verano de 2007, sostienen los letrados, era por presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, entre otros, y no por revelación de secretos, que son los delitos por los que el asesor y la funcionaria están siendo juzgados. El abogado de Sanz pide además la prescripción para su cliente. Estas cuestiones se resolverán en sentencia y son el principal argumento del resto de defensas en todos los casos que están siendo investigados.

Si bien este puede ser considerado el primer juicio con motivo de las escuchas policiales que han desnudado el lado oscuro del mundo político-empresarial alicantino, la Audiencia ya absolvió el pasado verano del delito de tenencia ilícita de armas al empresario Enrique Ortiz, otro de los presuntos cabecillas junto a Fenoll de la trama. La policía encontró en la caja fuerte de su empresa un arma después de un registro e n el marco del caso Brugal.