El PSOE impone a Carmena crear una oficina antifraude en el Ayuntamiento

El líder municipal socialista, Antonio Miguel Carmona, ha fijado esta mañana como “línea roja” para convertir a Manuela Carmena (Ahora Madrid) en alcaldesa de la capital el próximo 13 de junio que se comprometa a crear una oficina antifraude. “Todo ciudadano podrá dirigirse a ella, manteniendo la confidencialidad sobre su identidad, para comunicar presuntos actos de corrupción, prácticas fraudulentas o conductas ilegales que afecten a los intereses generales o a la gestión de los fondos públicos”, ha explicado mediante un comunicado.

En las elecciones municipales del pasado 24 de mayo, Esperanza Aguirre (Partido Popular) obtuvo 21 concejales; Carmena logró 20; Carmona sumó nueve; y Begoña Villacís (Ciudadanos), siete. El PSOE ha avanzado que prestará su respaldo a Ahora Madrid para convertir a Carmena en alcaldesa, aunque hasta ahora no había desgranado las condiciones para su apoyo.

La oficina antifraude viene detallada en el programa electoral socialista como un órgano “con carácter independiente del Ayuntamiento, presidida por un magistrado en excedencia de reconocido prestigio, no afiliado a ninguna organización política y que ejercerá el cargo con plena independencia y objetividad durante un mandato no superior a ocho años”. Ese director “no recibirá instrucciones de ninguna autoridad en el ejercicio de sus funciones; entre sus competencias estará investigar casos concretos de uso ilegal de fondos públicos y de aprovechamiento privado de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid”.

“Es una línea roja a la que debe comprometerse todo grupo político que aspire al apoyo del PSOE. Será una medida central en la lucha contra la corrupción y por la transparencia, como también lo es la publicación de la renta de los representantes locales”, ha asegurado Carmona esta mañana. Esto último deberá hacerse mediante la “publicación anual, en un modelo único, de las declaraciones de bienes de los representantes locales, que deberán reflejar como mínimo los datos relativos a todos los bienes y derechos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas, todos ellos con desglose de los mismos y cuantificación de su valor, así como de seguros, deudas y obligaciones patrimoniales, con identificación del acreedor, de los que sean titulares”.