La Fiscalía pide más documentación sobre la querella contra Alaya

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha pedido más documentación antes de pronunciarse sobre si se debe admitir o no la querella interpuesta por el empresario Luis Oliver contra la juez Mercedes Alaya por su actuación en el caso Betis por indicios de posible prevaricación por parte de la magistrada. En la querella, Oliver sostiene que la magistrada actuó ilícitamente para frenar su intento de comprar el Betis a Manuel Ruiz de Lopera, que tenía el paquete mayoritario del club de fútbol.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, pide copia de todos los informes presentados por la Unidad Central Operativa y de Delincuencia Económica de la Guardia Civil desde el remitido el 4 de octubre de 2011 así como de la notificación al ministerio público del auto de 5 de octubre de 2011 en el que se declaraba el secreto de las actuaciones y se acordaba la intervención telefónica respecto a Luis Oliver, entre otra documentación. El fiscal superior sostiene que, con estas peticiones, "no trata de descubrir o indagar situaciones de mala fe procesal sino, muy por el contrario, solo quiere posibilitar que pueda tener lugar alguna otra comprobación documental por su especial interés y por la necesidad de que complemente el soporte documental ofrecido hasta la fecha" por Luis Oliver.

El exmandatario del Betis vendió el 51% de sus acciones, que figuraban a nombre de la sociedad Farusa, a Bitton Sport, representada por Luis Oliver. Este compró el paquete el 6 de julio de 2010 por 16,1 millones de euros. Alaya frenó esta operación hace ya cinco años y el club sigue intervenido judicialmente. Estas son las claves de la querella:

“Control absoluto”. Oliver sostiene en su querella que el caso Betis tiene como final el “control absoluto” del equipo, intervenido judicialmente desde 2010. El texto refleja que las acciones legales de la juez han contado con la oposición de la fiscalía en 15 ocasiones por no compartir el sentido de las actuaciones emprendidas.

Impedir que Oliver compre el club. La primera acción de Alaya fue anular la operación de venta de acciones por considerar que Oliver era un testaferro de Lopera y que el traspaso de acciones era una venta simulada. Con este objetivo, dictó una orden al Consejo de Superior de Deportes para que no tramitase la venta del club, intervino judicialmente el equipo bético y nombró a tres administradores judiciales, entre ellos, el exfutbolista Rafael Gordillo. En estos momentos, la administración judicial recae sobre Francisco Estepa, a quien la querella relaciona con el marido de la magistrada, el administrador concursal Jorge Castro. Estepa fue abogado de Castro, también trabaja como administrador concursal y ha compartido con Castro sede profesional en Sevilla. El querellante sostiene que “el único motivo real de ordenar dicha paralización reside en evitar la consumación de la compraventa y con ello asegurarse el control”

Impedir la personación. Alaya denegó de forma reiterada la personación de Oliver en el caso, algo que el abogado del empresario, Alfonso Contreras, considera que le causó “indefensión”. Por el contrario, y pese al rechazo de la Fiscalía, eximió de fianza a las acusaciones particulares: Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos.

Investigación secreta y pinchazos telefónicos sin conocimiento del fiscal. Alaya ordena a los administradores judiciales, ante la falta de vínculos entre Lopera y Bitton Sport para respaldar su teoría de que Oliver era testaferro del primero, que investiguen los últimos seis meses de 2010, cuando Oliver estuvo en el Consejo de Administración del Betis. Posteriormente, Alaya abre una causa secreta contra Oliver en febrero de 2011 y ordena el pinchazo del teléfono del empresario el 5 de octubre de ese mismo año por ser una persona de “difícil localización”, por sus viajes y por tener una orden de busca y captura de un juzgado de Santander. Esa orden resultó ser un “error de la base de datos”, pero continuaron las escuchas hasta el 2 de noviembre. La fiscalía ignoró durante meses la existencia de las escuchas y las recurrió finalmente.

Procesamiento. Ante la falta de pruebas que apoyen la tesis inicial de que Oliver era testaferro de Alaya, la magistrada procesa finalmente al primer empresario por comprar, en grado de tentativa, parte de las acciones que Lopera tenía en el Betis “a sabiendas de que eran litigiosas". A este procesamiento se opone la fiscalía. El letrado de Oliver expone que en el Código Penal no existe el “absurdo delito” de la compra de acciones litigiosas y añade: “Es una mera argucia para asegurar el mantenimiento de las medidas cautelares” y mantener el control del Betis.