La oficina antidesahucios de Carmena solo podrá realojar afectados

Los magistrados sostienen que no podría evitar lanzamientos judiciales

La “oficina antidesahucios” que propuso el pasado lunes la candidata municipal de Ahora Madrid, Manuela Carmena, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Francisco Javier Vieira, y al juez decano, Antonio Viejo, con el fin de “parar los lanzamientos” será, en realidad, un órgano que dará “una alternativa” de vivienda social a las personas desahuciadas. Es decir, tras el desahucio, los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid buscarán una solución para los desalojados en coordinación con los órganos judiciales, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia. “Lo que nos propuso”, señalan, “es un local en los juzgados para tratar los casos de las personas que se quedan sin casa, pero ninguna oficina antidesahucios podría pararlos, porque sería ilegal”. Desde Ahora Madrid se explicó ayer que Carmena nunca ha querido “interferir en la Justicia y que no puede alterar la ley, porque no es su competencia”.

En una entrevista en La Sexta, Carmena aclaró las funciones de esta oficina. “¿Qué hay que hacer para que a una persona no se la eche a la calle? Las leyes hablan de enseres, pero no de personas. Es una falta de sensibilidad”, afirmó. La candidata de Ahora Madrid detalló que existe la “necesidad” de que “haya alternativas” a los lanzamientos y que no vuelva a producirse “nunca más el espectáculo”. “Una sociedad desarrollada como es la nuestra no se lo puede permitir”, detalló.

"Las leyes hablan de enseres, pero no de personas", dice la candidata de Ahora Madrid

Sin embargo, sus primeras declaraciones el lunes provocaron el desconcierto en el mundo judicial. Muchos magistrados entendieron que Carmena proponía una oficina antidesahucios que iba a intentar paralizar decisiones judiciales. “Eso iría contra la ley y la Constitución”, señaló Conrado Gallardo, presidente de Foro Judicial Independiente

Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, insistió en que “es imposible y ridículo parar una orden judicial por un órgano administrativo”. Sexmero indicó que lo que Carmena pidió fue un local para gestionar que la gente no se quedase en la calle. “Es decir, tener los datos de los autos para contactar con los afectados y buscarles alojamiento”.

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia, alabó que se reuniese con los magistrados, aunque eso “no es lo habitual”. Insistió en que Carmena quería coordinar con los jueces los recursos públicos para paliar los desalojos. “Eso sí se puede hacer. Parar un sentencia judicial, no. Sería ilegal”.

Sobre la firma

Vicente G. Olaya

Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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