La Xunta acata el fallo que obliga a tirar una obra de Telmo Martín

Telmo Martín tendrá que luchar solo contra la justicia. El tándem formado por el Gobierno gallego y el exalcalde de Sanxenxo, candidato del PP a un nuevo mandato en las elecciones de este domingo, se ha roto del lado de la Xunta, que ha acatado la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obliga a demoler parte de un edificio de seis plantas en pleno paseo de Silgar, en Sanxenxo. La obra declarada ilegal fue promovida hace 12 años por Construcuatro, de la que el entonces regidor poseía el 33% del capital.

Los gobiernos de Manuel Fraga y de Alberto Núñez Feijóo fueron siempre de la mano de Construcuatro en este proyecto, que no respeta la distancia mínima de 20 metros con la playa, un dato que el TSXG consideró “incontrovertible”. Así, el conselleiro de Pesca en 2005, Enrique López Veiga –pese a carecer de competencias al respecto-, y el Consello de la Xunta en 2011 decidieron archivar el expediente y condonar a la empresa una multa de tres millones de euros. El ejecutivo de Feijóo llegó al alto tribunal gallego en defensa de su gestión y de la del exalcalde del PP, pero esta vez ha renunciado a su derecho a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo y deja el asunto en manos de la empresa infractora.

Al acatar la sentencia, la Xunta asume la condena a dictar de forma inmediata una orden de reposición de la legalidad, con un plazo para el promotor de un mes para llevarla a cabo y con apercibimiento de ejecución Formosa en caso de no llevarse a cabo. La sentencia obliga a demoler las partes del edificio que, tanto en suelo como en vuelos, invaden la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

En su fallo del pasado marzo, el TSXG enmendó tanto a la Xunta como a la Demarcación de Costas, que también se puso del lado de Construcuatro al asumir, por encargo de López Veiga, que el error era del organismo estatal, al haber enviado al Ayuntamiento de Sanxenxo un plano que fijaba la línea de protección en 19 metros. La redactora del informe de Costas es Cristina Curbera, cuyo chalé en Sanxenxo también invadía la línea de protección del litoral hasta que el gobierno de Telmo Martín recalificó su finca.

Telmo Martín es propietario de una de las viviendas más lujosas del céntrico edificio y de dos terrazas que carecen de licencia de primera ocupación. Tras la renuncia de la Xunta a presentar recurso, la lucha contra el derribo queda en manos de Construcuatro -empresa de la que Martín vendió su 33% de participación en 2011 a su mujer- y de la comunidad de propietarios, representada por un exdirector general de Urbanismo de la Xunta, José Cudeiro Mazaira.

La sentencia que recurren la promotora y los vecinos levantó la sanción de tres millones de euros que pesaba inicialmente sobre Construcuatro por considerar los indicios insuficientes para imponer la sanción, aunque no dejaba de expresar su extrañeza por la ignorancia de Martín respecto a la irregularidad cometida. Y ante la divergencia de planos en la que se sustanció la defensa de Construcuatro y al Xunta, sostuvo que por encima de estos se encuentra “la realidad física”.

También detectó el Tribunal Superior “errores de bulto” y “actuaciones que no son de la diligencia esperada o ponen en entredicho la coordinación entre administraciones”, al tiempo que criticaba a la Xunta por no percibir “la necesidad de hacer comprobaciones hasta que se presentó una denuncia”. El tribunal reconoce que no tiene pruebas, pero sí sospechas, de que la empresa sabía que estaba infringiendo la ley.

Cristina Paz-Curbera es desde abril de 2012 jefa de la Demarcación de Costas, cargo que ya ocupó entre 2005 y 2007. Cuando emitió su controvertido informe como técnica de la Demarcación ya había construido su polémico chalé sobre suelo no urbanizable. Pero Martín lo recalificó en 2003 y desplazó el límite de protección marítima hasta justo delante de la fachada de la casa. En 2012 se refirió a la sanción al “pobre Telmo” por las irregularidades en Silgar como una “canallada”.