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Dos ofertas concursan por la Ciudad de la Justicia

Las uniones temporales de empresas formadas por cuatro grandes constructoras españolas buscan hacerse con el contrato de 30 años

Cuatro de las grandes constructoras españolas optan por construir la futura Ciudad de la Justicia, en el barrio de Valdebebas, al norte de la capital. Las compañías han formado dos uniones temporales de empresas (UTE) para hacer frente al desembolso de 400 millones de euros que supondrá su puesta en marcha. La pelota está en manos del Gobierno regional, que puede adjudicarlo antes de las elecciones o dejar que lo haga el próximo Ejecutivo.

La mesa de contratación ha abierto esta semana los pliegos de condiciones técnicas y la oferta económica. La UTE formada por Acciona y OHL ha conseguido mayor puntuación en la parte técnica, con 350 puntos, frente a su competidora (Ferrovial-ACS), que se ha quedado en 250.

El Ejecutivo que preside Ignacio González había fijado un cano máximo de 45 millones de euros al año lo que suponía un desembolso máximo de 1.350 millones de euros en los 30 años de vigencia del contrato. Las dos uniones temporales lo han rebajado. En la parte económica, ha presentado mejor oferta la opción Ferrovial-ACS, con un canon anual de 37,2 millones, frente a los 37,6 de la propuesta de Acciona-OHL.

El precio incluye el diseño, la construcción y el mantenimiento durante el periodo de adjudicación de todos los edificios. Las constructoras han preferido guardar silencio hasta que se sepa cuál es la UTE ganadora.

La adjudicación queda pendiente del informe de los técnicos de la Consejería de Justicia. En principio, no tienen un plazo definido para elaborar sus conclusiones, por lo que podrían estar o no para el próximo Consejo de Gobierno, que se celebra el jueves. Fuentes del Ejecutivo regional creen que la adjudicación definitiva no será a corto plazo, por lo que podría prolongarse algunas semanas.

La Ciudad de la Justicia ha pasado desde su concepción hasta la fecha por tres propuestas muy distintas. Al principio, con la llegada de Esperanza Aguirre al Ejecutivo regional, su entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, ideó un carísimo plan plagado de grandes firmas de la arquitectura internacional, con nombres como Richard Rogers, Norman Foster, Zaha Hadid o Iheo Pei Ming. El precio se disparó y la venta o la eliminación del alquiler de las 28 sedes con que cuenta ahora la justicia en la capital no daban para sufragarlo. Nada pasó del papel ni de unas maquetas.

La siguiente en retomar el proyecto fue de la consejera Regina Plañiol, que ideó una Ciudad de la Justicia de bajo coste, pero a la que no concurrieron las empresas. El tercer intento ha corrido a cargo de Salvador Victoria y de su equipo, que ha redactado el tercer y de momento último intento de centralizar todos los juzgados y audiencias de la capital, incluido el futuro Instituto de Medicina Legal. Este es el único que se construyó del proyecto de Prada.

El Gobierno madrileño gasta cada año 28 millones en alquileres para las instalaciones de Justicia, 15 millones para envíos postales, correos y taxis, 11 millones en mantenimiento y 6 millones en luz, entre otros. El importe anual de la competencia, que la Comunidad ha planteado devolver al Estado, es de 400 millones.

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