“Han sorteado el piso que era mío”

El polideportivo de La Mina, en Sant Adrià del Besòs, era ayer una curiosa mezcla de felicidad y cabreo. Por un lado había 236 sonrisas: las de igual número de familias que habían salido favorecidas en el sorteo de pisos protegidos que realizó la Agencia de la Vivienda de la Generalitat. Del otro, unos cuarenta vecinos del degradado bloque de la calle Venus no dudaban en mostrar su enfado. Los apartamentos, de alquiler y con derecho a compra, que se entregaron ayer eran los mismos que se habían construido específicamente para supuestamente realojarlos.

Este es el último episodio de una historia que se remonta a la Barcelona de las chabolas. El edificio de la calle Venus fue terminado en 1977 y allí se reubicó a parte de los habitantes de las barracas del Camp de la Bota y de Montjuïc. En 2002, el Ayuntamiento de Sant Adrià —miembro del Consorcio del barrio de La Mina, junto con el Consistorio barcelonés, la Generalitat y la Diputación— aprobó un Plan Específico de Reordenación y Mejora para el barrio (PERM). Eran los tiempos en que el modelo Barcelona estaba en su pleno esplendor: acciones sociales e intervenciones urbanísticas, algunas de microcirugía y otras de mayor calado, para romper con la marginalidad y conectar La Mina con el resto del Área Metropolitana.

El Consorcio calcula que la operación de expropiación y realojo cuesta 25 millones de euros.

El PERM, además de intervenciones sociales, incluía la construcción de una rambla que articulara físicamente el barrio que reuniera los equipamientos y contemplaba planes de promoción de vivienda. Y también sentenció al edificio de la calle Venus, que se derribaría y sus vecinos serían realojados en pisos que se construirían para tal fin. Las nuevas viviendas, en total 422, se terminaron en 2010 pero el traslado nunca se realizó, de hecho la gran mayoría permanecían vacías. Allí se han invertido más de 173 millones de euros.

Sin embargo, la crisis económica dejó en la cuneta el proyecto de tumbar el edificio. Allí viven unas 160 familias en un gran estado de degradación no solo a nivel estructural sino causados por problemas de incivismo. Ratas, acumulación de basuras, la dejadez de vecinos que no han querido (o podido) invertir en pisos que sabían que estaban condenados a la piqueta... Unas condiciones que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, calificó de “infrahumanas”. Lo han hecho todo para llamar la atención sobre su problema. En octubre de 2012 hasta le enviaron una carta al presidente Artur Mas.

El Consorcio calcula que la operación de expropiación y realojo cuesta 25 millones de euros. Ante la imposibilidad de muchas familias de afrontar los gastos de sustitución de la vivienda, la Administración optó hace un año por realizar una rehabilitación del inmueble en lugar de derribarlo. Los vecinos denuncian que se limitaría a las zonas comunes. “Es inaceptable que tras 14 años de lucha, sin poder arreglar, vender o hipotecar nuestros pisos, ahora nos digan que arreglarán cuatro cosas, nos retirarán la afectación y no se nos de nada a cambio”, se queja Paqui Jiménez, la histórica líder vecinal del barrio.

Los argumentos de los vecinos los valida incluso el Síndic de Greugues, que criticó a principios de este año la “dejadez de la Administración” con el tema del realojo: "Si hace 12 años era claro que este edificio no tenía viabilidad para transformar el barrio, a día de hoy, sin ninguna actuación para adecuarlo ni dignificarlo, no hay ninguna alternativa al derribo”, aseguró Ribó. El Consorcio asegura que los vecinos de la calle Venus pueden comprar uno de los nuevos pisos pagando 30.000 euros, una cantidad exorbitante para un barrio fuertemente castigado por el paro o alquileres desde 75 euros al mes. Sin embargo las cuentas no salen. Las nuevas viviendas son 422. 120 ya están habitadas y las otras 236 fueron sorteadas ayer. Solo quedan unas 60 disponibles, que no alcanzarían a cubrir a todos los vecinos que aún malviven en el bloque de Venus.

El Síndic de Greuges calificó de “infrahumanas” las condiciones de vida que tiene el bloque

Jiménez cree que no solo hay una dejadez política sino que incluso puede haber un delito. “El PERM establece que el edificio tiene que ir al suelo, no que se rehabilite. Para ello el plan tendría que ser modificado y eso no se ha hecho”, sostiene la líder vecinal. El Colectivo Ronda, que asesora jurídicamente a los vecinos del Venus, cree que se incumple el decreto HAUS, que garantiza el derecho de los afectadas por una expropiación a recibir un una vivienda de características análogas a la que les ha sido expropiada.

La oposición en el Consistorio de Sant Adrià compareció ayer en bloque para denunciar que la cesión de los pisos a la Agencia de la Vivienda y el posterior sorteo incumplen lo acordado en el pleno de febrero. Allí, el PSC se quedó solo —ICV se abstuvo— defendiendo que no se lleve a cabo la ejecución integra de las medidas que recoge el PERM. CiU, PP, Plataforma per Catalunya y los concejales no adscritos de Ciutadans y MES aseguraron que llevarán a los tribunales de lo contencioso administrativo al Consorcio. “Esto va en contra de la voluntad mayoritaria del pleno y contra el plan especial de mejora del barrio, que no se ha llevado al pleno para ser modificado”, aseguró la concejal convergente Mireia Hernández.

Marta y su marido, ambos de origen ecuatoriano, eran dos de los beneficiados con los nuevos pisos. “Estábamos pagando un alquiler imposible. Había como 400 personas detrás de los pisos”, explicó sonriente la mujer, empleada de una cadena de comida rápida. Fuera del polideportivo, en un banco, una mujer gitana de unos 40 años manoteaba: “han sorteado el piso que era mío”.