Los recortes trasvasan alumnos de la enseñanza pública a la concertada

La Trobada de Plataformes Comarcals de Educació ha presentado un informe sobre la evolución de las unidades en las escuelas públicas en comparación con los centros educativos de carácter concertado-privado, en el que se pone de manifiesto el trasvase de alumnos de la pública a la concertada.

Con este informe, las plataformas comarcales tratan de rebatir el argumento de la Consejería de Educación, según el cual el descenso de unidades en las escuelas públicas se debe exclusivamente a una bajada en la tasa de natalidad.

El portavoz del Sindicat de Treballadors d'Ensenyament del País Valencià (STEPV), Marc Candela, ha asegurado que "es cierto que ha descendido el nivel de natalidad, pero no es cierto que [la reducción de unidades] se deba solamente a ese elemento, sino que también ha influido el aumento de la ratio en las aulas: hay más alumnos por aula y eso hace que se pierdan unidades".

En el informe se corrobora que la bajada de unidades sólo ha afectado a la enseñanza pública, perdiendo un 3%, mientras que la concertada ha aumentado en el mismo porcentaje.

Candela ha asegurado que los recortes en educación pública están produciendo un trasvase de alumnado hacia los centros concertados, produciendo una distribución desigual y favoreciendo la red privada en detrimento de la pública.

El STEPV propone que mientras haya demanda "no se recorte nunca en la pública" y que "la escuela pública se mantenga como principal eje de la educación".

La Trobada de Plataformes Comercals de l'Educació ha presentado también una campaña en rechazo a las pruebas diagnósticas y a las reválidas que establece la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

La prueba diagnóstica, que incluye las materias de matemáticas y lenguaje, se realizará este mismo año a los alumnos que cursen tercero de Educación Primaria.

Según queda establecido en la propia ley, no será necesario que el alumno supere las pruebas para pasar de curso y, según el STEPV, se puede mostrar un rechazo a la realización de ésta si los padres del alumno lo desean, como ya ha sucedido en algunos casos.

Las pruebas diagnósticas se impondrán también en los próximos años, si continua la aplicación de la ley, a los alumnos de sexto de Primaria, cuarto de Educación Secundaria y segundo de Bachillerato. En este caso, las pruebas serán reválidas y superadas necesariamente para poder acceder al siguiente curso.

Según los representantes de la Trobada de Plataformes Comarcals, los resultados de estas pruebas serán utilizados con la intención de realizar listados de rango de los centros públicos y privados, por lo que la brecha socio-educativa se ampliará cada vez más.

Alicia Martí, de la Plataforma per l'escola pública de l'Horta Sud, ha afirmado que de este modo "se darán más recursos a los que obtengan mejores resultados, cuando tendría que ser justamente al contrario".