La ley electoral catalana se enreda

La ley electoral catalana superó ayer el primer trámite en el Parlament, pero su aprobación se antoja muy complicada por el desacuerdo de los partidos para consensuar un nuevo sistema de reparto de los 135 escaños. Socialistas, PP e Iniciativa-Esquerra Unida se han movido de sus posiciones iniciales y han presentado una fórmula alternativa a la actual para configurar la cámara, pero CiU y ERC no parecen dispuestos a renunciar a un sistema que les beneficia, al amparo de la ley española.

La previsión de que nacionalistas y republicanos cambien de posición se antoja difícil y mucho más en el actual momento político, en que ambas fuerzas quieren convertir las elecciones autonómicas del 27 de septiembre en un plebiscito sobre la independencia y Artur Mas ya ha dicho que el número de diputados que obtengan los partidos secesionistas será la referencia para determinar ese extremo y avanzar hacia la independencia.

CiU y Esquerra tienen mayoría absoluta en la cámara (70 diputados), pero si se aplicara cualquiera de los sistemas electorales que propone el resto de fuerzas se acabaría con esa situación: los nacionalistas perderían entre cuatro y cinco escaños, y los republicanos, uno o dos. Ese es el gran punto de discordia que separa a los partidos y que volverá a plantearse en julio, cuando el texto de la ponencia regrese al pleno.

La desproporción del actual sistema, que afecta a Cataluña cuando hay elecciones autonómicas y al conjunto de España con las elecciones generales, se explica porque se adopta la provincia como circunscripción electoral y se otorga un número de diputados que no es proporcional a la población. En el caso catalán, el sistema data del Estatuto de 1979 y hasta ahora no se ha modificado por falta de mayoría suficiente, lo que explica que Cataluña sea la única comunidad sin una ley electoral propia. Las zonas más perjudicadas en el recuento de votos son siempre las más pobladas y, por extensión, los partidos que logran allí mayor apoyo, de manera que un voto en Lleida o Burgos, puede “valer” dos o tres veces más que uno en Barcelona o Madrid a la hora de atribuir los escaños. En el caso español eso beneficia al bipartidismo y en Cataluña, a los partidos con mayor apoyo fuera de Barcelona. Así se entiende, por ejemplo, que el PSC obtuviese en las últimas elecciones catalanas de 2012 el 14,43% de los votos y 20 escaños, mientras que Esquerra, con el 13,7% consiguió 21. Más ilustrativo fue aún lo ocurrido en 1999, cuando el PSC, con Pasqual Maragall a la cabeza, ganó las elecciones autonómicas y logró casi 5.000 votos más que CiU, pero los nacionalistas consiguieron 56 escaños y los socialistas, 52.

En el actual momento político que atraviesa Cataluña, CiU y Esquerra tienen prisa para que en julio se apruebe la nueva ley electoral y se aplique ya el 27-S, aunque no haya acuerdo sobre el reparto de los escaños. Esa pretensión, sin embargo, no parece fácil, pues sea cual sea el contenido de la ley, requiere el respaldo de 90 diputados, que ahora no tiene. Además de CiU y Esquerra, están dispuestos a aprobar la ley electoral Iniciativa, la CUP y la exdiputada socialista Marina Geli, pero no bastan sus 88 escaños.

La ley crea una sindicatura electoral distinta a la Junta Electoral Central de ámbito español y que es la que ahora dirime las denuncias durante todo el proceso. La impugnación e hipotética anulación de las listas que puedan defender postulados a favor de una declaración unilateral de independencia es un escenario posible y por ello la lectura que hacen nacionalistas y republicanos es que una sindicatura electoral catalana podría ser más sensible a sus planteamientos.

El texto de la ponencia que ayer pasó el primer trámite en el Parlamento autónomo prevé que la autoridad electoral catalana esté compuesta por tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y tres catedráticos elegidos por la cámara catalana.