¿Qué responsabilidad?

El PSOE de Andalucía contiene el aliento a la espera de que en las próximas semanas se produzca el desenlace de dos acontecimientos que discurren en paralelo, pero que de forma inevitable se entrelazan. Por una parte, la decisión del instructor del Tribunal Supremo sobre el futuro procesal de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso ERE. Por otro, las negociaciones para la investidura de Susana Díaz, a quien Podemos y Ciudadanos exigen que sus dos antecesores renuncien a sus escaños en el Congreso y en el Senado para facilitar su designación como presidenta andaluza.

Chaves y Griñán representan 23 años del Gobierno andaluz y de historia autonómica. Los dos han sido ministros, presidentes federales del PSOE y en sus trayectorias acumulan más quinquenios en el ejercicio del poder que en la oposición. En el tramo final de sus carreras —Chaves tiene 69 años y Griñán, 68— han afrontado el momento político más amargo: su declaración como imputados por el bochornoso fraude de los ERE. Su empeño ha sido desmontar la tesis de la juez Mercedes Alaya, que sostiene que el Gobierno autónomo se conjuró a lo largo de una década para delinquir con un reparto arbitrario de ayudas sociolaborales falseando la ley de Presupuestos. En la investigación no hay pruebas que demuestren esa confabulación delictiva que situaría a decenas de altos cargos y a centenares de funcionarios al margen de la ley. Y que dejaría también a decenas de diputados andaluces como unos incompetentes que no supieron interpretar las cuentas de la comunidad.

Cada uno a su manera, Chaves y Griñán han situado el foco del fraude en la ejecución del gasto, es decir, en las decisiones que tomó la Consejería de Empleo, todo un ejemplo de chapucería y discrecionalidad. Las declaraciones de los dos expresidentes andaluces en el Supremo dejan entrever que el instructor Alberto Jorge Barreiro apunta más en sus pesquisas a por qué nadie en el Gobierno autónomo hizo nada ante los reiterados informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que señalaban que el procedimiento administrativo por el que se concedían las ayudas era inadecuado e irregular, aunque no ilegal. Y es ahí dónde las declaraciones de los dos expresidentes son más vulnerables. Ambos han argumentado que no les llegó ninguno de estos documentos y que la Intervención no hizo el llamado informe de actuación, que se redacta cuando se detecta el menoscabo de fondos públicos y que sí les habría obligado a intervenir. Formal y legalmente es así. Pero políticamente resulta inexplicable que los resortes de la Administración andaluza no funcionaran ante lo que Griñán ha definido como “un gran fraude”. Y es ahí donde entran en juego la responsabilidad: ¿penal o política? El Supremo decide y el PSOE espera.