El fiscal pedirá cárcel para la secretaria de la Cámara de Pontevedra

Dos años después de presentar la querella contra Rosario Lorenzo, la secretaria general de la Cámara de Comercio de Pontevedra desde 1998, por presuntas negociaciones prohibidas a funcionarios, el fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra ejercerá acusación contra ella por este delito y otro de cohecho, y pedirá penas de más de dos años de prisión y al menos tres de inhabilitación para continuar en el ejercicio del cargo. Además de sentar en el banquillo a la secretaría, fuentes judiciales han anunciado la posibilidad de llevar también a juicio en este proceso al también funcionario de la Cámara, Juan José María Lago, por otro presunto delito de cohecho. Lago es delegado de la oficina comercial que tiene la entidad en la ciudad brasileña de Florianápolis que anteriormente había trabajado de becario en la sede de Pontevedra.

Una denuncia de antiguos trabajadores de la Cámara ante la fiscalía originó la apertura de una investigación para conocer el destino del dinero que Lorenzo retiró entre 2002 y 2010 de la cuenta bancaria de la que era titular Lago y ella apoderada, en donde se le ingresaban las nóminas en calidad de proveedor de servicios a la entidad. Una cuestión a la que no respondió la secretaria cuando declaró como imputada en el juzgado ni tampoco aclaró las cantidades percibidas ni en qué concepto las cobró.

El juzgado envió a Brasil varias comisiones rogatorias para tomar declaración al funcionario pero en casi dos años no hubo respuesta a los requerimientos judiciales, ignorándose su paradero. De hecho, el juzgado se llegó a plantear medidas drásticas como la de dictar orden de detención de delegado en Brasil. Ahora, cuando el caso de cohecho imputable a Lago iba a instruirse en una pieza separada y se había acordado la apertura de juicio contra Lorenzo, acaban de llegar al juzgado las respuestas al interrogatorio del funcionario; un trámite que abre la vía para que ambos se sientan en el banquillo y respondan ante un tribunal ordinario.

Mientras otro fiscal investiga a toda la cúpula de la Cámara de Pontevedra por posible malversación de caudales públicos, incluyendo a la secretaria, Santaló centra su acusación en que Lorenzo percibió presuntos cobros del delegado de la empresa de promoción en Brasil que estaba a sueldo de la entidad desde julio de 2002. Desde entonces, y hasta la actualidad, la Cámara fue renovando anualmente las relaciones con la empresa Contrato Em Comunicaçoes Empresariais Ltda, representada por Juan José María Lago.

Dichos contratos, que se denominan de arrendamiento de servicios, se encuadran dentro del ordenamiento civil y tienen por objeto el asesoramiento, apoyo y asistencia a las actividades de exportación e internacionalización de la economía gallega en Brasil. Como contraprestación, la empresa contratante percibió cantidades que en el primer contrato se fijaron en 3.800 dólares mensuales y que estaban subvencionados por la Xunta del 50% al 80%.

Para la adjudicación de estos contratos no se siguió ningún tipo de procedimiento administrativo sometido a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, que flagrantemente se incumplieron, según señaló el fiscal en su querella inicial. “Pero el posible delito cometido estaría prescrito y no consta que a los sucesivos presidentes de la Cámara de Comercio, firmantes de los posteriores contratos, se les hubiese advertido de la posible ilegalidad por parte de la secretaria general (…) cuyas funciones son, entre otras, las de velar por la legalidad de los acuerdos de los órganos de gobierno”, subraya Santaló.

Los pagos por parte de la entidad cameral a la empresa contratada se realizaban mediante cheques bancarios que eran ingresados tras el correspondiente endoso en una cuenta de Novagalicia Banco, de la que era titular Lago. Al menos seis de estos cheques, emitidos entre agosto y diciembre de 2011, fueron endosados a la cuenta bancaria que señaló la querellada.