El exconsejero de Empleo abre la ronda de los ERE en el Supremo

El diputado socialista José Antonio Viera inicia este martes la ronda de declaraciones de los cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía a los que el Tribunal Supremo investiga por el fraude de los ERE. Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004, tendrá que defenderse ante el instructor Alberto Jorge Barreiro de las acusaciones de la juez Mercedes Alaya, que le considera “uno de los creadores” del sistema de ayudas a empresas en crisis que puso en marcha en 2001 el Gobierno andaluz y que la magistrada considera irregular.

En la exposición razonada que Alaya envió al Supremo y que ha sido la base para que el alto tribunal decida investigar a cinco exdirigentes andaluces, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Viera figura como uno de los responsables de que la Junta decidiera otorgar las ayudas sociolaborales mediante transferencias de financiación. Este mecanismo es un instrumento de pago habitual de las Administraciones porque agiliza los trámites, pero Alaya considera que la Junta lo utilizó para eludir controles de la Intervención General.

“El señor Viera inauguraría un largo periodo de 10 años en la consejería de Empleo, en el cual en materia de concesión de subvenciones a empresas y sociolaborales, se caracterizaría por una gran discrecionalidad, disponiendo él y los que le siguieron, de los fondos públicos en beneficio de terceros, de forma absolutamente libérrima”, señala Alaya en el informe enviado al Supremo.

La responsabilidad de Viera ha sido también señalada por la Guardia Civil, que ha destacado en varios informes el papel “esencial” que jugó como consejero de Empleo para que la Sierra Norte de Sevilla acaparara más de la mitad de las ayudas directas a empresas que la Junta concedió entre 2001 y 2010. En uno de estos atestados, los agentes sostienen que Viera “dio instrucciones” para que se adjudicaran 32 millones de euros al grupo Matadero Sierra Morena, para el que trabajó su hija Sonia Viera. Los dueños de este grupo son José Enrique Rosendo y José María Sayago, que fueron concejales del PSOE en municipios sevillanos. Después de que se conocieran estos informes, Viera negó haber tenido alguna responsabilidad política en la concesión de ayudas y afirmó que desconocía que su hija trabajara para ellos.

En la comparecencia de Viera estarán ya presentes los abogados de los otros cuatro exdirigentes andaluces a los que investiga el Supremo y a los que el instructor ha citado para los próximos días: los expresidentes Griñán y Chaves y los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno. Los dos primeros han puesto su defensa en manos de abogados con experiencia en casos de políticos investigados por la justicia. A Chaves le defiende Pablo Jiménez de Parga, que fue abogado del exministro del Interior José Barrionuevo en el caso de los fondos reservados. La defensa de Griñán la ejerce José María Mohedano, que fue diputado socialista en Gobiernos de Felipe González y que ejerció como abogado de Demetrio Madrid, el primer presidente de la Junta de Castilla y León, que dimitió en 1986, tras haber sido procesado por un conflicto laboral en una empresa de su propiedad del que finalmente salió absuelto. Mohedano, además, conoce bien el caso de los ERE porque defiende a dos ex directores generales de Presupuestos de la Junta en la causa que instruye Alaya.

Para iniciar la ronda de interrogatorios, el instructor del Supremo cuenta ya con la documentación que había solicitado a la Intervención General del Estado, que incluye actas de varias comisiones generales de viceconsejeros del Gobierno andaluz (los denominados consejillos) en las que tomaron decisiones relacionadas con el fondo de los ERE, así como documentos de las consejerías de Empleo y Economía y Hacienda y de los consejos de Gobierno.

La mayor parte de esta documentación estaba ya en el sumario de Alaya. Lo que aún no ha llegado a la mesa de Barreiro, según fuentes del Supremo, es el informe que pidió a la Guardia Civil para que concretara la implicación en la causa de los exconsejeros de Presidencia Zarrías y Moreno.