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Louzán apuntala a dedo a sus fieles en jefaturas de la Diputación

La institución provincial afirma puestos de confianza y promueve oposiciones a medida

Rafael Louzán, tercero por la izquierda, en la celebración de los resultados de las municipales de 2011.
Rafael Louzán, tercero por la izquierda, en la celebración de los resultados de las municipales de 2011.

Rafael Louzán ha encarado el último tramo de legislatura en la Diputación de Pontevedra con un renovado interés por la seguridad laboral de los trabajadores del ente, fundamentalmente la de los que le son fieles. En los últimos meses se viene gestando en la institución que gobierna desde 2003 un proceso de cómoda promoción interna de funcionarios que ha culminado con la designación a dedo de siete jefes de servicio, cargos de confianza que a partir de ahora consolidarán derechos salariales, aun en el caso de que el PP no lograse mayoría en los comicios de mayo y otro equipo de gobierno decidiese destituirlos.

La resolución presidencial se publicó el 2 de marzo, con 15 días para que los interesados presentasen solicitud. Era un trámite. Las jefaturas están asignadas a sus actuales inquilinos, hasta ahora provisionales, según aseguran varias fuentes del ente y avisa la propia convocatoria en sus requisitos, que exigen “experiencia directamente relacionada con el área funcional de la actividad a la que pertenece el puesto” de al menos dos años, o tres fraccionados, como “jefe de servicio, director de gestión, adjunto o jefe de sección de forma definitiva, en comisión de servicios o por adscripción provisional”. La descripción encaja como un guante, por ejemplo, a la “directora de gabinete de presidencia y planificación”, Remedios Pérez, que quedará instalada en un puesto con la misma denominación del que ya ocupa. Estrecha colaboradora del presidente, Pérez es funcionaria de primera categoría tras aprobar una oposición restringida en 2011. Era la única candidata. Louzán tiene, además, un jefe de gabinete no funcionario, Luis Serantes.

La placidez del sindicato

V. H.

La jefa de recursos humanos de la Diputación, María Jesús Torres, avala la legalidad de unos nombramientos que permiten conservar a los elegidos “150 o 200 euros” en caso de destitución, según su cálculo. “Se convocan ahora como se podrían convocar en otro momento”, indica. Asegura que la destitución es igual de fácil que con los nombramientos provisionales, extremo del que discrepan otras fuentes jurídicas. La Diputación lleva al menos 10 años sin las convocatorias generales de vacantes para funcionarios que marca su normativa con carácter anual. El Parlamento gallego debate estos días la Ley de Función Pública, que destierra la libre designación de las jefaturas de servicio.

La representación de los trabajadores aprobó la maniobra en comisión paritaria sin rechistar. José Ramón Piñeiro es el jefe de CC OO, con mayoría sobrada de delegados. Piñeiro tiene una hija que desde el año pasado tiene un puesto de por vida asegurado en el ente, tras sacar la nota máxima en unos exámenes con más de 100 aspirantes, lo que compensó su falta de méritos previos. “Entiendo que está bien hecho, no hubo ninguna discrepancia en la comisión paritaria”, dice el sindicalista sobre la designación de jefes de servicio. De las oposiciones indica que “ya no son como antes” y que hay que demostrar el “nivel”. En la promoción interna de la que se ha beneficiado Amancio Varela y pretende hacerlo De Sinde, las 32 plazas son casi tantas como candidatos, a las que se suman 26 para personal laboral fijo.

El esquema se repite en otros casos. Funcionario de nuevo ingreso que al poco de tomar plaza es aupado de forma provisional y, una vez adquiere experiencia de mando, es nombrado con carácter definitivo, lo que le permite consolidar el grado funcionarial 29, el segundo más alto, que garantiza un extra de hasta 2.000 euros anuales y un puesto relacionado con la misma área en caso de destitución. Así sucede con Ruth González, que fue edil de Cultura en Sanxenxo. Aprobó en 2012 las oposiciones de técnico de Administración general y al rato era jefa de servicio de Turismo.

Algo más de recorrido tiene Pablo Montero, hijo de otro preboste de la Diputación, Alfredo Montero, exingeniero del ente. Montero junior es jefe del servicio de contratación y todo indica que lo seguirá siendo. En 2004 aprobó una oposición en la que solo ocho de los 63 examinados pasaron la primera prueba. En esa convocatoria sacó la nota más alta Gabriel Rodríguez, retoño de otra personalidad influyente de la Diputación, José Luis Rodríguez, funcionario jubilado que sigue en nómina como asesor. Rodríguez hijo es y será jefe del servicio de asistencia intermunicipal. Los tres puestos restantes son de tres trabajadoras que llegaron antes de que Louzán fuese presidente.

Hay más movimientos para afianzar a personal amigo. Es notorio el caso de Amancio Varela, atareadísimo trabajador público que compagina un cargo en el PP provincial, el servicio de nuevas tecnologías de la Diputación, que dirige, y la Federación Galega de Fútbol, todo a las órdenes de Louzán. Varela llegó a la Diputación en 2006 y en 2008 ascendió tras un examen que solo él aprobó. Mejoró su formación y se benefició de una promoción interna.

Otro tanto le sucede a Rocío de Sinde, secretaria general del PP provincial desde 2013, tras solo unas semanas de militancia. Aprobó la oposición de auxiliar administrativa en 2010, tras tres intentos. Cuando pasó, lo hizo con honores, de número uno entre 150 aspirantes. Está pendiente de consolidar un ascenso de categoría en otro proceso restringido con siete plazas para 11 candidatos. Supuesto similar es el de Zoila Paz, que llegó del PP de A Illa a la dirección de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe en 2003. Destituida en 2012 e interina desde entonces, puede ahora lograr plaza si concurre a la última oposición convocada, con un temario sobre las “funciones del director del Centro de Protección de Menores Príncipe Felipe” o su reglamento.