Acaba la legislatura más agónica

La octava legislatura de la era moderna de las Cortes Valencianas echó ayer el cierre, aunque formalmente será el lunes cuando el presidente de la Generalitat firme el decreto de disolución de la Cámara. Han sido cuatro años de prolongada crisis institucional y de un rosario de escándalos por corrupción que han diezmado al Grupo Popular.

El PP ha tenido que elegir dos presidentes de la Generalitat —Francisco Camps y Alberto Fabra, tras la dimisión del primero implicado en Gürtel—, otros dos presidentes de las Cortes —Juan Cotino, que dimitió también acosado por los escándalos de corrupción, y Alejandro Font de Mora— y otros dos portavoces parlamentarios —Rafael Blasco, condenado por corrupción, y Jorge Bellver—.

No han sido los únicos avatares del grupo que sustenta al Consell, que llegó a tener hasta diez imputados en casos de corrupción, fundamentalmente en distintas piezas del caso Gürtel, del caso Brugal y del caso Blasco, y, en fases concretas de la legislatura, diputados condenados, como el exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo para quien llegaron a recoger firmas para el indulto en el mismo hemiciclo.

En total, de los 55 diputados que logró el PP en las últimas elecciones de mayo de 2011, solo han acabado la legislatura 31. En estos cuatro años, los populares han registrado 24 cambios en los escaños, la mayoría forzados por los escándalos y las decisiones de los tribunales, y aún así termina la octava legislatura con un diputado, Felipe del Baño, imputado por presunta prevaricación.

Los sobresaltos en la bancada socialista han sido mucho menores, aunque también ha registrado movimientos. El principal cambio fue el relevo de Jorge Alarte como portavoz del Grupo Socialista tras perder la secretaría general frente a Ximo Puig en el congreso del partido celebrado en marzo de 2012. En total la bancada socialista ha registrado cuatro cambios, dos por fallecimiento y otros dos por la renuncia del alcalde de Xixona, Ferran Verdú, para dedicarse a su municipio, y el nombramiento de Ángel Luna como adjunto al Síndic de Greuges.

Los cambios en la bancada de la oposición se completan con el recambio de Marina Albiol en Esquerra Unidas, tras ser elegida eurodiputada, y el relevo en la portavocía hace pocas semanas al ser elegido Ignacio Blanco candidato a la presidencia de la Generalitat.

Las Cortes Valencianas han sido el escenario en estos cuatro años de durísimos enfrentamientos entre el Consell y la bancada popular y los grupos de la oposición. Tanto que el PP llegó a convocar, por primera vez en sus 31 años de funcionamiento democrático, un pleno secreto para retirar temporalmente la condición de diputada de Mònica Oltra, de Compromís, por no acatar la orden de expulsión del presidente de la Cámara Juan Cotino. Una decisión que Oltra tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales y que está pendiente de fallo. Los plantes, las expulsiones y las protestas de la oposición en el hemiciclo han sido recurrentes ante un PP que no ha dudado en aplicar el rodillo para frenar a la izquierda, que ha tenido que recurrir a los tribunales para lograr que el Consell facilitará, en contra de su voluntad, un buen puñado de peticiones de documentación pública. El resultado ha sido casi una docena de fallos judiciales contrarios a la opacidad del Gobierno valenciano que podrían acarrear finalmente la imputación de los dos consejeros que han ocupado la portavocía, José Ciscar y María José Català.

La prolongada crisis institucional registrada durante la octava legislatura han dejado en segundo plano la labor legislativa de una Cámara que ha aprobado medidas de gran calado en el cerca de medio centenar de leyes aprobadas, la mayoría con el voto en solitario del PP.

Las leyes más importantes aprobadas han tenido que ver con los recortes aplicados por el Consell. Los recortes salariales a los empleados públicos, la introducción de los copagos sanitarios a los más débiles, la reestructuración del sector público y la eliminación de Ràdio Televisió Valenciana han sido algunas de las principales cuestiones de un Parlamento que solo abrió dos investigaciones, con más pena que gloria, una sobre el caso Emarsa y otra sobre la caída a los infiernos de la CAM.