Ciscar y Català, en el trance de verse imputados por denegar información

A perro flaco, todo son pulgas. O problemas judiciales. La aprobación, en el último pleno de la legislatura, de una Ley de Transparencia, Participación y Buen Gobierno, que el PP quiso presentar, en palabras del diputado Rubén Ibáñez, como una norma que el Consell de Alberto Fabra “no necesita, sino que se cree”, sirvió de marco para la noticia de que el vicepresidente y la portavoz afrontan el trance de verse imputados por lo contrario.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha acordado remitir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la querella presentada por Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) contra el vicepresidente del Consell, José Ciscar, y la consejera portavoz, María José Català, por vulnerar reiteradamente el derecho de los diputados a acceder a la información pública. En la querella también incluyó EUPV a Máximo Buch, Isabel Bonig y Serafín Castellano, pero tanto la Fiscalía como la juez consideran que, en esos casos, no ha habido reiteración.

El portavoz parlamentario de EUPV, Ignacio Blanco, hizo pública ayer desde la tribuna la noticia durante el debate de la Ley de Transparencia en el pleno de las Cortes Valencianas, al que no asistieron ni Ciscar ni Català, ni ningún otro miembro del Consell. Blanco exhibió el informe del fiscal y leyó parte de la providencia judicial en la que se apunta que la conducta de ambos consejeros puede ser constitutiva de delito. “No tienen ustedes credibilidad alguna”, reprochó el diputado al PP en relación con la transparencia.

La ley prevé inhabilitar a quien, “a sabiendas”, impida ejercer derechos

Blanco explicó posteriormente, en los pasillos de la Cámara autonómica, que la Fiscalía y la juez consideran que Ciscar y Català pueden haber incurrido en un delito penado de uno a cuatro años de inhabilitación por la reiteración en denegar información a la oposición. Se trata del artículo 542 del Código Penal, en el que incurre “la autoridad o cargo público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes”. La querella reseñaba ocho sentencias del TSJ contra decisiones de denegación de información de cada uno de ellos, mientras que solo aportaba referencias a una en cada uno de los tres consejeros que han quedado apartados.

El juzgado considera que tanto Ciscar como Català han venido denegando la información que se les solicitaba cuando esa actitud ya había cosechado sentencias condenatorias del TSJCV y, al tratarse de aforados, remite las diligencias a la Sala de lo Civil y Penal de ese tribunal por considerar que es la competente para la instrucción y, si corresponde, el enjuiciamiento del caso.

La decisión judicial coloca a dos pesos pesados del PP valenciano en una delicada situación de cara a las candidaturas para las elecciones autonómicas y locales del próximo 24 de mayo. José Ciscar no solo es el número dos del Consell, sino que, además, es presidente provincial de los populares en Alicante. “¿Qué hará Alberto Fabra cuando sean imputados José Ciscar y María José Català?”, preguntó Ignacio Blanco.

La Ley de Transparencia, que solo tendrá vigor en la próxima legislatura, fue aprobada con los votos a favor del PP, la abstención de Compromís y EUPV y el voto en contra de los socialistas. Català declaró horas despsués en La Vila Joiosa que está “muy tranquila” porque la única novedad es que la querella “ha pasado de un juzgado ordinario al TSJ”.