Louzán comparece como imputado ante el juez de Cambados

El presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, y el diputado provincial y concejal de Pazos de Borbén, Severino Reguera, han sido citados hoy por el juez de instrucción número 2 de Cambados para que expliquen los hechos que se recogen en la querella que hace un año presentó el fiscal por la que les imputa un presunto delito de cohecho. Se trata de una vista preliminar que contempla el artículo 25 de la Ley del Jurado en el que se enmarca este procedimiento, por el que está previsto que ambos políticos declaren una vez que el fiscal presente formalmente los cargos de imputación contra ellos y los letrados puedan ejercer su derecho de defensa. Tras esta comparecencia, el juez tendrá que decidir si archiva el caso, si continua con la investigación para que las defensas puedan aportar más pruebas, incluso citando a testigos propuestos por la parte demandada, o bien acuerda la apertura de juicio oral con tribunal popular previsto en estos procesos penales.

 El propio Louzán confirmó que acudirá a declarar al juzgado y subrayó que “por fin tendrá la oportunidad de aclarar las supuestas irregularidades” que recoge el fiscal en su denuncia sobre la compra y alquiler de unos bajos comerciales en Navia (Vigo) en 2008. “Estoy absolutamente tranquilo y confiado en que esta investigación se cierre lo antes posible”, declaró, antes de insistir: “El asunto se ciñe exclusivamente a mi vida personal y no política”.

En su escrito de abril de 2014, el fiscal de Delitos Económicos, Augusto Santaló, concluye: “Louzán y su esposa (en régimen de gananciales) adquirieron unos locales comerciales sabiendo que el precio de la compra (préstamo hipotecario) iba a ser pagado por la empresa de una persona que también ejerce cargo político en el mismo organismo [Diputación de Pontevedra] y mismo partido, y cuya proyección política depende de aquel". Santaló considera que se ha producido “un trato de favor” de Reguera —diputado provincial desde 2007— a Louzán y su esposa. Para el fiscal el hecho de que la empresa de Reguera, Brunopan, SL, —creada a finales de los años noventa para negocios de panadería— arrendase los locales “supone un regalo” para sus dueños al pagarlos con el alquiler.

La defensa había solicitado el archivo de las diligencias “por la inexistencia de indicio alguno de infracción penal”, pero el juez lo rechazó en febrero pasado, emplazando a las partes a esta comparecencia. El letrado de Louzán presentó informes jurídicos y económicos para rebatir los argumentos del fiscal en relación a que los alquileres tienen un precio por encima de la media del mercado. Concluyen que sostener que el precio medio de los locales en ese barrio es de 9,62 euros por metro cuadrado, según la policía urbanística, “no parece razonable cuando lo cierto es que los contratos de alquiler aportados por la policía judicial, son todos del mismo edificio, de fechas posteriores, cuando estamos en plena crisis y los precios van claramente a la baja, y, aun así, son todos ellos a 12 euros y garantizados con avales bancarios”.

También alegan que al precio del contrato suscrito por el matrimonio Louzán y Reguera, hay que deducir el impacto de los cuatro primeros meses de carencia, y en 2013, dadas las circunstancias del mercado, tampoco se cobró una mensualidad, por lo que el precio por metro cuadrado sería de 10,43 euros y no de 15,7 como recoge la querella. Los contrainformes rebaten así los argumentos del fiscal cuando este señala que con el sobreprecio de los alquileres a Brunopan, entre 2008 y 2013, el matrimonio Louzán cobró una cantidad mayor que la media, estimada en un 60% más que el resto de los propietarios de la zona. “No tiene en cuenta el fiscal en su informe los meses de carencia que suponen casi 18.000 euros menos”, arguye la defensa.

Sobre las sospechas de que los alquileres estaban pactados de antemano, la defensa alega que el dirigente del PP compró el local en agosto de 2007, cuando hizo una primera entrega de 3.000 euros, mientras Reguera adquirió el colindante cinco meses después. El contrato de alquiler se firmó en septiembre de 2008, momento en que Reguera decidió abrir en Vigo un nuevo despacho para su empresa de panadería. “Es decir, que no estaba previsto el arrendamiento cuando Louzán decidió comprar los locales”, insiste la defensa, que sostiene que el presidente de la Diputación “actuó como cualquier otro ciudadano en el marco de actividades propias de su vida particular” y nunca fue beneficiario de “un arrendamiento en función de su cargo”.