Puy llama “casta” a la oposición y la acusa de coartar a la ciudadanía

“Ustedes son lo peor de la casta política y no quieren que la ciudadanía venga a esta Cámara”. Con ese reproche a la oposición cerró esta mañana el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, su intervención en defensa de la nueva ley de participación ciudadana que acaba de iniciar su tramitación en la Cámara gallega con el único voto favorable de los populares. La oposición se negó a apoyar la norma por considerarla “propaganda” y “fuegos de artificio”.

El texto que ahora comienza su trámite parlamentario por iniciativa del PP se suma a la ley aprobada el año pasado para regular las iniciativas legislativas populares (ILP). Entre las novedades, los populares destacan la posibilidad, hasta ahora inexistente en España, de que los gallegos puedan hacer llegar proposiciones no de ley (iniciativas de impulso político, no de carácter normativo) a la Cámara autonómica. Los mecanismos para hacerlo posible serán similares a los de una iniciativa legislativa popular, aunque el número de firmas será inferior y bastará con 2.500 frente a las 10.000 de la propuesta normativa. Para su tramitación, será necesario que los grupos hagan suya la iniciativa popular. Del mismo modo, los ciudadanos también podrán dirigir preguntas al Gobierno que, de nuevo, podrán asumir los grupos para su tramitación.

Puy defendió que el PP propone la nueva ley de participación "con la mejor de las intenciones" en favor de un "impulso democrático". Pero la oposición contrapuso la norma con otras decisiones populares como recortar las iniciativas parlamentarias de algunos grupos de la oposición, vetar la tramitación de la mayoría de las iniciativas legislativas populares o bloquear la reforma del reglamento del Parlamento para mejorar su funcionamiento.

En el pleno de hoy también se aprobó, igualmente en solitario por el PP, la denominada ley de garantía de la calidad de los servicios públicos, que establece nuevas sanciones para las concesionarias que no presten adecuadamente los servicios que la Xunta contrate con ellas. La oposición, según Europa Press, criticó que la norma “favorece la privatización” y reprochó que la educación, la sanidad y la justicia quedan fuera de sus ámbitos de actuación.