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Las ITV cobraron 317 millones de más, según Compromís

El sobrecoste se justificó con una prueba de sonometría que no era obligatoria en el resto del Estado

Un informe elaborado en 2010 por la Consejería de Industria de la Generalitat, al que ha tenido acceso el grupo parlamentario de Compromís, estima que las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunidad Valenciana facturaron desde su privatización en 1998 hasta el año 2009 unos 317 millones de euros más de lo previsto por el Consell en la concesión del servicio.

En este informe, conseguido por el diputado Fran Ferri a través de peticiones de documentación en las Cortes, la consejería reconoce que la valoración inicial que fijaba el pliego de la concesión como tarifa media ponderada de las revisiones de ITV era de 18,47 euros y que finalmente el precio de los chequeos de vehículos alcanzó una media ponderada de 46,59 euros.

Ferri achacó el sobrecoste “a una prueba de sonometría que se instauró y que era inexistente en el resto del Estado, convirtiéndose la autonomía valenciana en el territorio en que más caro era pasar la ITV”.

“Este informe demuestra que el gobierno del PP ha sido consciente en todo momento de que la privatización de las ITV ha sido un negocio multimillonario para las empresas concesionarias muy cercanas al poder”, denunció el parlamentario.

Del informe, prosigue el diputado, se deduce que con esa sobrefacturación “estaba más que justificada la exigencia de Compromís al Consell de que abaratase las tarifas generales de la ITV y de las tarifas de las segundas inspecciones, lo que no sucedió hasta 2014 y en una cuantía que sitúa a la Comunidad Valenciana todavía por encima de la media estatal”.

Más inversión

Además, se calcula en el documento interno de la Generalitat “que con esas ganancias las empresas concesionarias podrían haber incrementado sobremanera la construcción de líneas de inspección de vehículos”.

Según Ferri, “todas las pruebas indican que lo que hubo detrás de la privatización de las ITV fue la intención del Gobierno del PP de beneficiar al máximo a las concesionarias. Estamos ante otro negocio millonario para unos pocos que los valencianos hemos pagado muy caro y que ha perjudicado gravemente la competitividad de sectores como el del transporte y, en general, a las familias valencianas”.