Las entidades cannábicas presentan una ILP para forzar la regulación

Las entidades y profesionales del sector que reclaman la regulación de los clubes de cannabis presentaron ayer en el Parlament una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para combatir el vacío legal en que se encuentran. De ser admitida a trámite por la cámara, los solicitantes tendrán cuatro meses para avalar su petición con 50.000 firmas y obligar así a los diputados a pronunciarse sobre la regulación que reclaman desde hace años.

El redactado propuesto en la ILP, que podrá variar con las enmiendas de los partidos, es una larga lista de compromisos que las asociaciones tendrán que asumir. Determina, por ejemplo, el control que deberán llevar de sus cosechas: “Tendrán que disponer de un libro que certifique las fechas y los cultivos programados, las técnicas utilizadas, así como las cantidades recolectadas y aptas para el consumo”, propone el texto. Un profesional agrónomo externo deberá confirmar que los datos son verídicos. También se reclama la obligación de llevar un control de los socios mediante un registro y del transporte del cannabis desde el campo de cultivo hasta el local desde donde se producirá la “distribución controlada”.

El derecho que las entidades del sector confían obtener cumpliendo todos estos deberes es el de poner fin a la incertidumbre que supone el actual vacío legal.

La comisión promotora de la ILP está formada por 35 personas que representan al sector catalán y español del cannabis. Cuenta también con el apoyo de 15 personas más entre las que figuran empresarios de un sector que sólo en Cataluña mueven cerca de cinco millones de euros al año.

El pasado mes de enero, el Parlament aprobó una resolución que desde el sector se considera insuficiente. El texto final, tras ocho meses de debate en la comisión de salud de la cámara, restringía la entrada los clubes cannábicos a los menores de 18 años, prohibía la venta de bebidas alcohólicas en su interior y fijaba un horario de apertura. Todos los partidos votaron a favor, excepto el PP, que se opuso. Pero la resolución parlamentaria no posee más validez que la de una simple recomendación sin efectos legales.

“Una resolución no es una ley, ni una norma jurídica”, advierte el informe presentado por el Observatorio Civil de Drogas sobre el que se basa esta ILP. Este organismo, que coordina la presentación de la iniciativa, está formado por diversos profesionales y presidido por el ex alcalde de Rasquera Bernat Pellisa, que dimitió tras no conseguir que un terreno de su pequeño pueblo de Tarragona se utilizara para cultivar el cánnabis de una asociación. La resolución del Parlament, además, pasaba de puntillas sobre el aspecto más delicado de todo el proceso: el cultivo y su transporte.

La ley permite la existencia de las asociaciones (es decir, entidades sin ánimo de lucro) de cannabis. El derecho a asociación está considerado un derecho fundamental en la Constitución, pero ninguna norma determina como estas asociaciones pueden conseguir la mercancía.

La ILP catalana solo reclama que se lleve el control del cultivo pero no pide su regulación, porque es una competencia estatal. Este es el siguiente paso. El sector está preparando la presentación de otra ILP a nivel español para reclamar este derecho. Fuentes del sector avanzaron que se presentará dentro de un año, con un nuevo Parlamento ya elegido, y recordaron que para poner su propuesta encima de la mesa de los diputados del Congreso hacen falta 500.000 firmas.