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Una huelga de celo en el turno de oficio atasca los juzgados

Los abogados reclaman una subida del 31% en sus minutas y un pago más rápido

Concentración de abogados del turno de oficio en la Puerta del Sol en febrero de 2011. Ampliar foto
Concentración de abogados del turno de oficio en la Puerta del Sol en febrero de 2011.

Desde hace tres semanas, los 5.200 abogados del turno de oficio trabajan a reglamento y tan solo asisten los casos más graves o los que afectan a personas con la documentación que las acredita como beneficiarias del turno. Esta huelga de celo está empezando a generar problemas en los juzgados, ya de por sí sobrecargados. Algunos procesos pueden demorarse meses, si el problema no se soluciona pronto.

Los retrasos reiterados de la Comunidad de Madrid en el pago de los honorarios y las bajas tarifas que tienen desde hace más de una década han llevado al colectivo a plantarse. El turno de oficio y la Consejería de Interior y Justicia siempre han mantenido unas relaciones tensas. Los integrantes del primero llevan años criticando la tardanza del Ejecutivo regional en saldar sus cuentas, con meses y meses de retraso, además de negarse de forma reiterada a revisar las minutas que paga. Estas se fijaron en 2003, cuando la Comunidad de Madrid asumió las competencias de Justicia, y se rebajaron de forma unilateral en 2012. Esto hace que los letrados hayan perdido un 44% de poder adquisitivo desde 2003.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha criticado la excesiva litigiosidad de los madrileños y que los abogados agotan todos los recursos de que disponen, con el consiguiente gasto para las arcas regionales. La decana del Colegio de Abogados (77.000 afiliados), Sonia Gumpert, replica: “Los profesionales somos nosotros y sabemos hasta dónde tenemos que llegar, tanto legal como procesalmente. Es como si a un médico le dijeran que no tiene que operar a un paciente más que un determinado número de veces, en lugar de buscar que se cure”.

Tarifas del 2003 y retrasos en el pago

La Comunidad de Madrid asumió en 2003 las competencias de Justicia, que incluían el turno de oficio. Las partidas destinadas a este servicio han ido subiendo para hacer frente al aumento constante de usuarios.

Desde entonces, la Comunidad de Madrid se ha retrasado en el pago de las minutas al Colegio de Abogados. En algunos casos, se han demorado hasta tres trimestres, cuando la regulación limita el retraso a un máximo de 60 días. Los abogados pueden ir con la certificación de lo que se la adeuda a algún banco para que les adelanten el dinero, pero a cambio de una quita de cerca de un 5% en sus haberes.

En el verano de 2012, el Gobierno regional rebajó de manera unilateral en un 20% las minutas que pagaba a los letrados del turno de oficio. Afirmó que era una medida transitoria, pero se ha mantenido hasta la fecha.

Los abogados del turno de oficio han decidido parar hasta que se les reconozca su trabajo. Por eso, desde hace tres semanas se limitan a prestar servicio a las personas detenidas, tanto en comisarías como en juzgados, y a las que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como las víctimas de violencia de género o de trata de personas.

En el resto de los casos, esperan a que el interesado presente toda la documentación y se apruebe su expediente como beneficiario de justicia gratuita. Este paso es el que está generando más problemas en los juzgados. “De momento, los jueces no se han quejado. Al revés, entienden que hay un problema importante, como es el abandono de la justicia, y que nuestra protesta es sobre uno de los aspectos que fallan en todo el entramado”, señala la decana.

La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) ha ido más allá y ha pedido que los abogados renuncien a ejercer este servicio de manera temporal. De esa forma, cesarían las prestaciones.

La Comunidad de Madrid les adeuda hasta el momento los dos últimos trimestres de 2014, lo que supone 15 millones de euros. El presidente regional, Ignacio González, anunció en el pleno de la Asamblea de Madrid del pasado jueves que ya había aprobado ese dinero. La decana discrepa: “Lo único que han hecho es recibir la factura. Ahora hace falta que paguen, lo que puede demorarse varias semanas”.

El Colegio de Abogados también ha denunciado que cada expediente que estudia le supone un desembolso de 36 euros, mientras que la Comunidad de Madrid solo le paga 24. Los 12 restantes los sufraga con las cuotas de los colegiados. Igual ocurre con el Servicio de Orientación Jurídica, que el Ejecutivo regional dejó de financiar en 2012. Los 417.000 euros que cuesta al año también van a cargo de los colegiados. “Queremos atender la demanda de una justicia gratuita en condiciones adecuadas y dignas, y no de caridad o beneficencia”, afirma Gumpert.

El perfil de los abogados de oficio es el de un profesional de entre 40 y 60 años, con una media de experiencia de dos décadas. Según el colegio, ni subsisten ni podrían hacerlo con lo que cobran de la justicia gratuita. “Si logran vivir, es gracias a que tienen una actividad privada. Si están en el turno de oficio es porque creen en la labor social de este sistema”, mantiene la decana.

Para ejercer es necesario tener tres o más años de ejercicio profesional y cursar una formación que oscila entre las 60 y las 180 horas. “Los abogados del turno de oficio somos desde hace años una mano de obra cualificada y barata para la Comunidad de Madrid”, concluye Gumpert.

A dos euros la hora

Si en algún sector se nota la diferencia entre los grandes y los pequeños, es en el turno de oficio. Los abogados de la justicia gratuita cobran de media entre dos y tres euros por cada hora de trabajo, según las tarifas que tienen desde 2003. Así lo ha denunciado en las últimas semanas el Colegio de Abogados de Madrid (77.000 afiliados), cuya decana ha puesto varios ejemplos.

Un abogado del turno de oficio tiene estipulado el cobro de 240 euros por un proceso penal sencillo, como un robo con fuerza en las cosas, mientras que en un despacho privado la minuta oscilaría entre los 1.500 y los 1.800 euros. Un procedimiento de familia le reportaría al letrado designado por el Colegio de Abogados 288 euros, frente a los 1.800 que facturaría un bufete privado. Un caso civil ordinario proporcionaría 240 euros al abogado del turno de oficio, mientras que el profesional de un despacho rondaría los 3.500 euros.
Un juicio por despido reportaría al letrado de la justicia gratuita 144 euros. Un abogado particular no cobraría menos de 900, según los datos aportados por el colegio. “Estas retribuciones nos parecen indignas y más para estos tiempos”, denuncia la decana de los abogados madrileños, Sonia Gumpert.

Esos son los precios que cobra el abogado al final del procedimiento, pero todos los gastos que haya tenido corren directamente a su cargo. Incluyen cosas tan dispares como los desplazamientos y la gestión (papel, fotocopias, teléfono y correo). “La forma en que está regulado el servicio no prevé que se cubran estos desembolsos”, critica Gumpert.

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