El exalcalde de Alcorcón dice que sufre una “persecución política”

Enrique Cascallana, alcalde de Alcorcón entre 2003 y 2011 por el PSOE y actual diputado regional y senador, afirma que el informe de la Cámara de Cuentas que critica las “deficiencias de control” en la gestión de la Empresa de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa), publicado este lunes por EL PAÍS, “no tiene fundamento y se debe a una persecución política” del organismo fiscalizador que preside Arturo Canalda, muy vinculado a Esperanza Aguirre.

Desde su creación en 1999, los partidos políticos han decidido los componentes de la Cámara de Cuentas. Así ha ocurrido en las tres ocasiones en que se ha decidido cómo sería el reparto de los siete consejeros: el PP propuso cuatro nombres en 2000, el PSOE dos y uno IU (todos fueron elegidos por unanimidad); en 2006 se renovaron los siete cargos, con cinco para el PP y dos para el PSOE (IU propuso un candidato, sin el respaldo suficiente). La Asamblea de Madrid aprobó a finales de 2012 los actuales componentes de la Cámara de Cuentas.

El actual Gobierno municipal critica la gestión de la empresa de la vivienda

La Cámara subraya que Emgiasa careció de la infraestructura y recursos necesarios para su labor desde el primer momento. Cascallana, concejal de Urbanismo cuando Emgiasa se creó en diciembre de 1992 —seis meses antes surgió Gesmasur, con Julio García Madrid como administrador—, defiende su labor y reprocha a los auditores que no hayan tenido en cuenta sus alegaciones al informe, centrado en la legislatura de 2007-2011. “Emgiasa se creó en 1992, ¿por qué no se dice nada de Pablo Zúñiga, alcalde del PP entre 1999 y 2003?”, observa. El exalcalde también argumenta que la Cámara examinó las cuentas del Ayuntamiento de Alcorcón en 2010 “sin que en ninguna de sus conclusiones se cuestionase la validez de los contratos suscritos por Gesmasur”. En su opinión, el informe “obedece a una permanente obsesión por desprestigiar el trabajo del gobierno anterior” con una labor “auténticamente inquisitorial”.

Sobre los 20,4 millones en facturas sin revisar en los años fiscalizados, Cascallana sostiene que las facturas y pagos realizados por las diferentes corporaciones municipales, “con PSOE y PP, en ningún momento han sido objeto de reparo jurídico o económico”.

Para Laura Pontes, portavoz municipal del PP, que gobierna la ciudad, la Cámara “pone de manifiesto por qué Emgiasa se convirtió en una empresa ruinosa, con 333 millones de deuda”. “Aparte del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón [obra paralizada en 2012], por la construcción de locales y aparcamientos vacíos años después de construirse”, añade Pontes, que carga contra Natalia de Andrés, candidata municipal del PSOE y “responsable del urbanismo de Alcorcón durante la colaboración entre Emgiasa y Gesmasur”. El Gobierno local del PP cree que Emgiasa presuntamente fue utilizada “como pantalla para contratar a empresas afines”.