Sólo PP y Vox evitan prometer que no llevarán imputados en listas en Madrid

El Partido Socialista, Izquierda Unida, Unión Progreso y Democracia, Podemos y Ciudadanos se han comprometido esta mañana a no incluir en sus candidaturas para las elecciones al Ayuntamiento de Madrid del próximo 24 de mayo a personas imputadas por un juez. Vox, en cambio, ha esgrimido la presunción de inocencia para limitar su compromiso a condenados en firme. El Partido Popular ha admitido que llevará a imputados en sus candidaturas para otros municipios madrileños, y ha defendido que no es lo mismo un imputado por un incidente de tráfico (como el que protagonizó su candidata, Esperanza Aguirre) que uno por corrupción política.

La Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración ha organizado esta mañana el primer debate entre candidatos al Ayuntamiento de Madrid, en el que han participado Antonio Miguel Carmona (PSOE), David Ortega (UPyD), Begoña Villacís (C's) y Javier Ortega (Vox). Por parte de IU ha acudido Mauricio Valiente, en el que puede ser su último acto como cabeza de lista de esta formación; su integración en Ahora Madrid (el partido de Ganemos y Podemos) puede llevar en las próximas horas a la dirección regional de IU a apartarle, aunque él ha insistido esta mañana en que sigue siendo el candidato. Ahora Madrid ha sido representado por Miguel Ongil, responsable de transparencia de Podemos, puesto que el partido está aún en proceso de primarias para elegir su lista electoral. Por último, la candidata del Partido Popular, Esperanza Aguirre, ha declinado en dos ocasiones participar en el debate, y ha enviado en su lugar a Percival Manglano, responsable de estrategia de campaña del PP en Madrid.

La moderadora del debate les ha preguntado a todos, expresamente, si llevaran en sus listas electorales a personas investigadas por la policía o imputadas por el juez. Begoña Villacis y Miguel Ongil han dicho que no, que en ningún caso. Javier Ortega, en cambio, ha reseñado que “una persona investigada, salvo que se demuestre lo contrario, tiene presunción a la inocencia”; ha criticado la demagogia que a su juicio impera en estos temas, destacando que “se utiliza la denuncia como arma política”; y ha limitado su compromiso a no incluir a condenados en firme en sus listas. David Ortega sí ha excluido la posibilidad de llevar a imputados o investigados en su candidatura, rebatiendo al político de Vox que, aun “compartiendo” su discurso, él le pide “un plus de ejemplaridad a los representantes políticos”. Mauricio Valiente ha descartado llevar imputados, pero no a personas bajo investigación policial: “Hay que esperar a la imputación del juez”. Antonio Miguel Carmona ha coincidido con él: “Cero imputados”.

El más esquivo en su respuesta ha sido Percival Manglano, que ha defendido que “la presunción de inocencia es un derecho, y no se puede suspender la Constitución”; al mismo tiempo, ha señalado que “si hay indicios claros de corrupción, se pueden tomar iniciativas, no hay que esperar”. Ha puesto como ejemplo que Aguirre destituyera a Francisco Granados; sin embargo, la expresidenta regional aseguró en su momento que lo hizo porque había filtrado a la prensa un anuncio político, no por corrupción, y no denunció ningún supuesto delito a la justicia. “Efectivamente, hay algún imputado que va a ser candidato en algunos municipios”, ha reconocido Manglano (el alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, encabezará la lista pese a estar imputado por un presunto delito de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias). Pero, al mismo tiempo, ha querido diferenciar entre una imputación por corrupción frente a otra por “aparcar mal” o “por una querella que ponga Podemos por unas declaraciones públicas” (los dos episodios afectan a Aguirre).

Para Javier Ortega, la corrupción es un “cáncer” que debe combatirse desde la raíz (“la falta de moralidad en la sociedad”) a través de las leyes de educación. Como medidas concretas, todas ellas fuera de su alcance incluso si resultara elegido como alcalde de Madrid, ha prometido: “despolitizar la justicia” (“no es aceptable que los partidos tengan representantes en el Tribunal Supremo o el Poder Judicial”) y suprimir el indulto; cambiar la ley de contratación para que se haga siempre por concurso público; suprimir las subvenciones a partidos, sindicatos y medios de comunicación; forzar que la Fiscalía General del Estado no dependa del Gobierno; impulsar una ley para que los políticos no puedan ponerse el sueldo que quieran o contratar a cargos de confianza, y para ajustar sus salarios a los del sector privado; reformar el Código Penal para que no se pueda revisar la pena a un corrupto hasta que devuelva el dinero; reformar la ley electoral para que los partidos nacionalistas no “condicionen la vida política”; y cambiar la ley de partidos para que sea obligatoria la democracia interna.

Miguel Ongil ha recordado que las competencias municipales y autonómicas no permiten cambiar leyes nacionales para combatir la corrupción, y ha apostado por la participación y la transparencia como medio de prevención. En su opinión, hay que cambiar la ley de partidos, pero “que no funcione” no es impedimento para implementar mecanismos como la revocación de cargos públicos. Ha presumido de que Podemos publica sus cuentas “para que cualquier ciudadano las pueda auditar”, y las somete a auditoría externa para garantizar la procedencia de sus ingresos (“el 90% procede de donantes de menos de 25 euros y sin relación con miembros de la directiva”, ha señalado). En su opinión, la independencia financiera de un partido se fundamenta en que no dependa de una sola fuente tanto como para comprometer su acción política; en ese sentido, ha criticado que las fundaciones políticas sigan sin límite de financiación, y ha lamentado que los partidos muy endeudados no sean por ello “perfectamente libres”.

Ciudadanos. “Vengo con ventaja porque nunca he sido política, procedo de la sociedad civil y no quiero ser recordada como una política”, ha señalado Begoña Villacís. La candidata de C´s ha defendido una reforma del código penal “que convierta la financiación ilegal en un tipo en sí misma”; y la acción popular sin límites. Además, quiere que las declaraciones de patrimonio de los políticos sean siempre públicas.

 UPyD. David Ortega cree que “los españoles están hasta las narices”, y desconfía de los compromisos: “Están bien pero son futuribles, hay que hablar de los hechos”. Como tales, ha presentado las acciones de su partido para sacar a la luz las irregularidades en la gestión de Caja Madrid y Bankia. Además, ha presumido de que, “en ocho años, UPyD ha tenido cero corruptos”.

 IU. Mauricio Valiente ha propuesto “una auditoria ciudadana” de la deuda del Ayuntamiento (“para saber dónde se generó, quiénes son sus responsables y el porqué de los sobrecostes”) y remunicipalizar los servicios públicos privatizados (“las empresas han hecho abuso de su posición dominante para repartirse las adjudicaciones, y existe connivencia entre ellas y quienes detentan el poder municipal”). Y ha apostado por “hacer más fuerte lo público y reforzar la carrera funcionarial frente al personal de libre designación”.

PSOE. Antonio Miguel Carmona cree el principal problema no es la corrupción sino la impunidad (“que los compañeros de partido salgan a defender a los colegas corruptos”). Ha prometido una oficina antifraude (“porque las cuentas y la deuda ya son revisadas por los interventores”), al frente de la cuál colocaría a un magistrado en excedencia que analizara las decisiones políticas del alcalde y los concejales. En cuanto a competencias estatales, ha apostado por revisar la contratación pública para evitar “desviaciones”; “despolitizar la justicia y el Tribunal de Cuentas” y eliminar los indultos; inhabilitar de por vida a los políticos condenados; y frenar la “profesionalización” de la política. Y ha lanzado dos propuestas de calado: ha apostado por perseguir legalmente “el derroche” de fondos públicos; y ha ofrecido al PP un acuerdo para no llevar a ningún imputado en las listas.

PP. Percival Manglano, tras disculpar la ausencia de Esperanza Aguirre, invitada en dos ocasiones al debate (“se le puede acusar de muchas cosas, pero no de no dar la cara”, ha dicho), se ha remitido a decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy contra la corrupción (agravamiento de penas y ley de transparencia), y ha defendido las audiencias prometidas por su partido a los candidatos (“la conformación de las listas electorales es bastante opaca y tiene que tener mayor transparencia”). Respecto a estos exámenes, ha reconocido que son polémicos pero ha recordado que “lo importante no son las preguntas” (El Mundo desveló que estaban pactadas con Aguirre) “sino las respuestas; es decir, que si uno de sus candidatos dice que no tiene una cuenta irregular en Suiza y luego se descubre que sí, “tendrá que ser castigado por mentir”.