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El Síndic y el fiscal del Tribunal de Cuentas perseguirán el fraude

Queralt firma un protocolo para acelerar los procesos contra la corrupción

Queralt (derecha) y González firman el acuerdo en la Sindicatura.
Queralt (derecha) y González firman el acuerdo en la Sindicatura.

Hace apenas un mes, en su comparecencia anual en las Cortes Valencianas, el Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, anunció un protocolo para llevar a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas los indicios de fraude contable. Este martes mismo, Queralt y el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González, firmaron en Valencia ese acuerdo “para acelerar y facilitar los procesos en contra del fraude y la corrupción”.

Si hasta ahora la Sindicatura de Comptes remitía sus informes de fiscalización al Tribunal de Cuentas, ahora también los enviará a la fiscalía de ese tribunal, “de forma que se acorten los procesos y esta pueda incoar diligencias en cuanto se perciba la existencia de indicios de responsabilidad contable”, señaló el órgano fiscalizador.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, a su vez, “se compromete a comunicar a la Sindicatura, a la mayor brevedad, si coincide con la opinión formulada por el órgano de control externo de la Comunidad Valenciana y si, en su caso, va a abrir diligencias”. Queralt y González coincidieron, según informó la Sindicatura, en que la iniciativa “demuestra las posibilidades de cooperación entre los dos organismos y de mejorar el control a través de ellas”.

El protocolo trata de dar respuesta a la creciente exigencia de la oposición parlamentaria y de la opinión pública para que la Sindicatura sea más activa a la hora de señalar y perseguir el fraude que detecta en sus auditorías de la Administración. Queralt siempre ha insistido en que no tiene competencias para instruir casos de responsabilidad contable y en que el trabajo de la Sindicatura es auditar, pero ha incorporado las normas del Tribunal de Cuentas Europeo para actuar contra el fraude, aunque no sea “el principal objetivo”, y ha estrechado su colaboración con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas español, que tiene las competencias para instruir causas por responsabilidad contable.