Los Santos no halla los 4 millones que logró al recalificar una base de EE UU
Cuatro promotoras adelantaron el dinero al Ayuntamiento y ahora lo exigen al no urbanizarse la zona
En 1993, el Ejército de Estados Unidos abandonó una pequeña base militar de 100.000 metros cuadrados, situada en Santos de La Humosa, a pocos kilómetros de Alcalá de Henares, donde había instalado unos potentes radares. Desde entonces, pese a sus magníficas vistas, este balcón sobre el río Henares está desierto. El Ayuntamiento recalificó el terreno y aledaños para construir chalés y equipamiento público y recibió cuatro millones de las promotoras interesadas. Pero nunca logró los permisos de la Comunidad para urbanizar, por lo que ahora debe devolver lo cobrado por el proceso de urbanización. Sin embargo, hay un problema: el dinero no aparece por ninguna parte.
Una estación de comunicación clave en la Guerra Fría
Los Santos de la Humosa se encuentra en un alto sobre el río Henares. Ello explica que la base aérea americana de Torrejón de Ardoz —a 20 kilómetros en línea recta, 27 por carretera— se fijase en este enclave para prolongar sus infraestructuras en esta zona con una estación de comunicación.
Los militares estuvieron 24 años desplegando sus radares en la base, hasta 1993. Un año antes el aeropuerto de Torrejón de Ardoz había dejado de tener uso militar conjunto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el Ejército del Aire.
Comenzó entonces una pugna por los terrenos. Los antiguos dueños —habían sido expropiados con reversión en 1959— podían recuperarlos al valor de la tasación pericial. Pero el Ayuntamiento les propuso quedarse con las tierras. “Podríamos transformar el complejo en escuelas, residencias de ancianos y viviendas si los vecinos nos ceden los terrenos”, declaró su entonces alcalde, Daniel Meco, a EL PAÍS.
La constructora LGFAA ayudó a los “reversionistas” a recuperar las actas de propiedad de sus terrenos, en manos de nuevo del Ayuntamiento. “Han pasado muchos años. Había gente que ni los había dejado en herencia”, cuenta María Paz Correa, una de las socias. Sin el complejo papeleo en regla, la urbanización del sector no podía salir adelante
El esfuerzo administrativo ha sido en vano. Los 35 pequeños propietarios no pueden edificar sin plan urbanístico. “La reversión había sido un subidón en el pueblo”, cuenta Correa. “Si el hijo se iba a casar, ya tenía donde construir su casa”.
Las ruinas de esta estructura militar —cuatro edificios, una sala de generadores y dos antenas de casi 30 metros de altura— se mantienen en pie en un recinto vallado. Durante la estancia de los militantes, los vecinos nunca pudieron entrar a la base, y ahora tampoco.
Cuentan en el pueblo que durante la Guerra Fría se mantenía desde allí el contacto con los aviones americanos que sobrevolaban Europa. También durante la Guerra del Golfo, con percance incluido: un artefacto hizo explosión en el centro de telecomunicaciones. No causó heridos, pero provocó un boquete en el muro del edificio que albergaba el sistema de aire acondicionado y causó daños materiales por unos dos millones de pesetas. Además, una trampa-bomba fue desactivada. Se atribuyó el atentado a un grupo islamista.
Por ejemplo, en 2004, la sociedad LGFAA Negocios S.L. compró al Ayuntamiento los terrenos de la base americana—expropiados a sus vecinos en 1959 para levantar la base— por dos millones de euros. Una década después, la sociedad sigue sin poder construir porque el plan urbanístico está sin aprobar. Por el camino se ha dejado otro millón invertido en el proceso de urbanización. Tampoco 35 pequeños propietarios pueden edificar.
La Ley del Suelo obliga al Ayuntamiento a devolver a esta sociedad el millón destinado a compensaciones económicas. Pero es imposible, porque la cuenta bancaria donde se ingresó el dinero está vacía. ¿Dónde está el dinero? “En el juzgado, el exalcalde [Francisco Javier López, del PP] dijo que lo había gastado en infraestructuras. Pero no ha sido capaz de acreditarlo. No hay facturas”, cuenta la abogada de la promotora, Mercedes Martínez. LGFAA acusa al exregidor de apropiación indebida y malversación de caudales públicos. “Aunque fuese verdad lo de las infraestructuras, no podía disponer del dinero”, explica Martínez.
La historia comenzó en junio de 2004, cuando el Ayuntamiento aprobó un avance de su Plan General de Organización Urbana (PGOU). Pretendía edificar varios servicios sociales y 1.300 viviendas en 50 hectáreas divididas en cinco sectores. Como no contaba con dinero para urbanizar, acordó con cuatro empresas que estas, además de construir, urbanizasen la zona. Y el compromiso incluía que, de no salir adelante el plan, les devolvería lo invertido en urbanizar y el dinero con el que compensaron al Ayuntamiento por quedarse con el 10% del aprovechamiento urbano, que le correspondía por ley. En total, eso supuso en torno a cuatro millones de euros. El Ayuntamiento actual no precisa la cifra.
Además, en el caso de la conocida como “finca de los americanos”, LGFAA entregó 438.000 euros al Ministerio de Defensa —dueño del terreno— en nombre del Ayuntamiento. La empresa sigue siendo propietaria, pero sin opción de construir. “Iba a haber una gasolinera —que no existe—, un centro comercial y una residencia de ancianos, pero nada. Hay empresarios que siguen interesados”, cuenta María Paz Correa, socia de LGFAA.
La Comunidad de Madrid pidió en dos ocasiones que se subsanasen fallos en el plan, por lo que los plazos se alargaron. Hasta el punto de que en 2011, seis años después del inicio del proyecto, el Ayuntamiento puso un contencioso administrativo al Gobierno regional por entorpecer su crecimiento urbano. Ya era tarde. Pinchada la burbuja del ladrillo, la presidenta regional Esperanza Aguirre no estaba dispuesta a aprobar ningún plan urbano más. La operación había fracasado.
El exregidor Francisco Javier López no dio ayer muchas explicaciones sobre lo ocurrido. Solo afirmó que tiene documentos y remitió al Ayuntamiento para cualquier aclaración. Correa se muestra molesta: “¿Cómo que no hay dinero? Yo he recogido los abonos al Ayuntamiento en todas mis declaraciones fiscales”. Además de LGFAA, la inmobiliaria Hercesa, radicada en Guadalajara y que pasa por apuros económicos, ha denunciado al Consistorio.
Los problemas de Francisco Javier López no terminan ahí. Ha sido imputado, junto al exinterventor del Ayuntamiento y un concejal, tras observar la Cámara de Cuentas un agujero en la contabilidad municipal de 1,8 millones.
Los Santos, con un presupuesto de 1,5 millones de euros en 2013, debe casi la misma cantidad a los bancos. “Ni de lejos podemos pagar”, explica el alcalde socialista, José Ignacio Fernández. Su grupo tardó tres años en aportar al juzgado la documentación requerida: “Éramos un equipo nuevo y teníamos que enterarnos de la situación. Había facturas que no estaban contabilizadas...”. El regidor confirma que el anterior nunca debió gastarse el dinero.
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