La Eurocámara acepta investigar la queja de las víctimas del metro

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó ayer mantener abierto el expediente para investigar el accidente de metro de Valencia que costó la vida a 43 personas en julio de 2006 y seguirá “muy de cerca” la evolución del caso en España, informó la presidencia de la comisión, la liberal sueca Cecilia Wilkstrom.

La petición fue defendida por la portavoz de la Asociación de Víctimas del 3 de Julio (AVM3J) Beatriz Garrote, que denunció la “mentira y manipulación” del Consell y de la televisión autonómica, por defender una versión de los hechos “plagada de falsedades” para "ocultar la falta de seguridad". “Venimos para cambiar el silencio por respuestas, la impunidad por la responsabilidad y el desprecio por la decencia”, manifestó Garrote.

Antes de su intervención, la asociación proyectó un vídeo con testimonios denunciando presiones y vetos en la comisión de investigación y censura en la RTVV. La Generalitat estuvo representada en el debate por la secretaria autonómica de Presidencia, Cristina Macías, quién rechazó las acusaciones y aseguró que el Consell colabora para esclarecer las causas del accidente, cuya “causa material fue el descarrilamiento por exceso de velocidad”.

La decisión de mantener abierto el expediente contó con el apoyo de todos los grupos políticos en la comisión parlamentaria, incluido el PP que, si bien ha expresado su rechazo al planteamiento de la AVM3J, sí ha considerado oportuno seguir y escuchar a todas las partes. Entre las reclamaciones de la AVM3J destacan varias a nivel europeo para evitar que “se repitan catástrofes” como la del accidente de metro, trasladando la normativa europeo para el ferrocarril al transporte local.

También abogan por normas comunes en las comisiones de investigación y que se examine si se vulneró la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el trato a las víctimas.

Un experto de la Comisión Europea explicó que la legislación europea sobre transporte ferroviario “no se aplica al transporte metropolitano”, por lo que “no es apta” para situaciones locales. Ello no impide, añadió, a las autoridades locales “inspirarse” en las reglas europeas para mejorar la seguridad del transporte público. El experto comunitario se mostró convencido de que las autoridades españolas "nos darán con la mayor brevedad todas las informaciones importantes" durante el proceso judicial reabierto en España.

La presidenta de la Comisión de Peticiones advirtió de que, aunque no sea aplicable a este caso la legislación europea en materia de ferrocarril, "puede haber otras vías", por lo que informarán a sus colegas de la comisión de Transportes del Parlamento Europeo para que trasladen sus propuestas. "Si desde el punto de vista jurídico se puede hacer algo, se hará", concluyó la eurodiputada sueca.