Condenada a cuatro años de cárcel la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez

Segundo revés judicial para la exalcaldesa socialista de Jerez Pilar Sánchez. La Audiencia de Cádiz ha condenado a la exregidora a cuatro años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta por favorecer a una empresa sanitaria concediéndole una subvención municipal de 244.000 euros que no le correspondía. El tribunal declara culpable a Sánchez de los delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación. El ingreso en prisión de la exregidora depende ya del resultado del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Sánchez ya fue condenada el pasado octubre a dos años de prisión y a una multa de 8,6 millones por pagar las nóminas en el Ayuntamiento jerezano con fondos del Plan E ingresados en cuentas restringidas. La exalcaldesa recurrió el fallo del juzgado de lo Penal a la Audiencia de Cádiz, instancia que ahora la sentencia a cuatro años y medio de cárcel por un segundo caso de corrupción.

La resolución judicial trascendió ayer a las 13.00 y cayó a plomo en el entorno de Pilar Sánchez, quien prefirió, de momento, no valorar la condena. Algunos de sus colaboradores en su etapa de alcaldesa aseguraron estar “consternados” por la “dureza” de una pena dictada “para una política que no se ha llevado un duro a su casa”.

Sánchez dispone ahora de cinco días para presentar el recurso de casación en el Supremo y prevé agotar esta vía, aunque pocas de las fuentes jurídicas consultadas le ven recorrido.

La sentencia emitida por la sección octava de la Audiencia de Cádiz con sede en Jerez es clara. Considera probado que Pilar Sánchez decidió elevar en un informe la puntuación otorgada a la empresa sanitaria Tisa con el fin de que la compañía obtuviera la máxima rebaja en la compra de un suelo municipal. Para el tribunal “no es creíble la versión exculpatoria de Sánchez”, quien sostuvo en sala que firmaba “infinidad de documentos confiando en los técnicos”. “Es totalmente descartable que los técnicos hiciesen y deshiciesen a su libre albedrío en el Ayuntamiento y que los políticos dependiesen de sus decisiones”, añaden los magistrados en la sentencia.

En la resolución se describe que la empresa sanitaria, constituida en 2005, solicitó un año después de su creación la incorporación en el parque agroindustrial de la ciudad, el conocido como PTA. En los hechos probados, los jueces recogen que un técnico del Consistorio, el ingeniero encargado de elaborar los informes que permitían o no la instalación de una empresa, ya advertía “de las dificultades que veía para poder informar favorablemente” sobre la sociedad. Se añade que fue entonces cuando la entonces alcaldesa Pilar Sánchez pidió a ese técnico que “tratase con cariño” a la compañía en cuestión.

Posteriormente, Tisa presentó una nueva solicitud en la que cambiaba el objeto de su actividad principal, orientada entonces a la fabricación de generadores de oxígeno para la acuicultura y la industria hortofrutícola y conservera. Ya con esa modificación, el técnico mencionado elaboró un informe en el que concedía a la compañía 9 puntos, una valoración que llevaba aparejada una rebaja del 20% en el precio del suelo municipal del PTA. A partir de ahí, la Audiencia concluye que la entonces regidora socialista decidió concederle “una ayuda del 40%” sobre el precio establecido y ordenó que se pidiera al ingeniero que realizase un segundo informe con la puntuación máxima: 14. Una vez que el técnico se negó a redactar y firmar el escrito “una o más personas no identificadas, con conocimiento de Pilar Sánchez, modificaron el informe”.

Los jueces afirman que tanto la exalcaldesa como su entonces delegada de Medio Rural, María del Carmen Martínez (condenada a 2,6 años de prisión), decidieron que el documento, ya alterado, debía firmarlo otro empleado. Martínez pidió a su secretaria que llamara a un capataz, un trabajador sin formación ni capacidad para rubricar el documento, pero que finalmente dio el visto bueno al escrito “con una firma ilegible y sin indicar su nombre”.

La Audiencia dice tener “la certeza” de que Sánchez “estuvo al tanto de lo que ocurría con el informe, fue quien decidió modificar el borrador del ingeniero y quien decidió que debía ser firmado por algún otro empleado municipal para crear la apariencia de informe técnico con valoración de 14 puntos”. Para la Audiencia también es llamativo que Tisa recibiera una ayuda de 244.000 euros “sin que hubiera una solicitud escrita” y que sólo dos de las 50 empresas que compraron parcelas en el PTA obtuviesen una subvención.

Además de la pena de cárcel, la Audiencia condena a Sánchez y a su entonces edil de Medio Rural a pagar al Ayuntamiento 122.360 euros por el menoscabo económico ocasionado a las arcas municipales.

El tribunal también dicta una pena de prisión de un año y nueve meses para el capataz, quien podrá eludir la privación de libertad si abona una sanción de 810 euros. Por el contrario, los magistrados han absuelto al segundo concejal encausado y a los tres socios de la compañía beneficiada por la ayuda.

Tras conocerse el fallo, el abogado de la exalcaldesa de Jerez, Juan Pedro Cosano, manifestó su “profunda discrepancia y sorpresa” por una sentencia “desventurada” que hace “un daño impresionante al sistema”.