Feijóo intenta prohibir donaciones de empresas a partidos antes que Rajoy

Todos los grupos con representación en el Congreso de los Diputados llegaron en diciembre al acuerdo de que la nueva ley estatal de financiación de partidos políticos que impulsa el Gobierno central prohíba cualquier tipo de donación de empresas privadas. Esa ley está solo pendiente de su aprobación final, pero ayer la Xunta remitió al Parlamento de Galicia su propia norma autonómica, que, al contrario que la reforma estatal, no prohíbe esas donaciones empresariales sino que se limita a hacerlas incompatibles con recibir también subvenciones públicas. El Gobierno gallego admite que lo hace así porque no puede prohibir completamente esas donaciones ya que la ley estatal vigente las permite. Pero la solución elegida generó un importante debate en el Consello Consultivo de Galicia, que, según la Xunta, fue quien redactó su proyecto de ley. La prisa del Gobierno gallego por aprobarlo puede hacer que entre en conflicto tanto con la ley estatal en vigor, que permite las donaciones, como con la que se aprobará próximamente, que las prohíbe, sin condicionantes como el que pretende introducir la Xunta.

 La propuesta de prohibir las donaciones de empresas a los partidos gallegos la lanzó por primera vez el presidente Feijóo en el debate de política general del pasado octubre, en el que destacó que con ella Galicia se anticiparía al resto de España. Ya entonces la oposición hizo ver que la medida tropezaría con la ley estatal de financiación de los partidos que sí permite esas donaciones. Pero, un mes después, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó en el Congreso su propia propuesta para prohibirlas, que ahora ultima su tramitación parlamentaria.

Con esta situación, el Gobierno gallego, presidido en funciones por Alfonso Rueda, ante la ausencia de Feijóo, reunido en A Coruña con el presidente portugués, remitió ayer al Parlamento su proyecto de ley de financiación de partidos. Según Rueda, la Xunta no tocado nada del texto elaborado por el Consello Consultivo a partir de la petición realizada por el Gobierno gallego.

En su artículo 4, la norma “prohíbe la percepción por las formaciones políticas de donaciones procedentes de personas jurídicas, en los términos previstos en la normativa estatal”, norma esa que actualmente las permite, a la espera de ser sustituida por la nueva, que las prohibirá. Y en su artículo 17 el texto autonómico propuesto por la Xunta establece la condición de no recibir donaciones de empresas si los partidos quieren obtener también las subvenciones públicas que contempla tanto la actual como la futura ley estatal. Ninguna comunidad autónoma dispone de una ley propia de financiación de partidos.

Esa prohibición condicional generó un intenso debate en el Consello Consultivo, según fuentes consultadas por EL PAÍS, centro en si es legal restringir las subvenciones públicas que reciben los partidos después de las elecciones en función del número de escaños obtenidos, ya que vienen previstas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

El proyecto de ley validado ayer por la Xunta aumenta además un 34% la subvención que recibirán las formaciones políticas tras las próximas elecciones autonómicas por cada escaño obtenido, que pasa a ser de 20.889,10 euros frente a los 15.530,93 euros de los comicios de 2012. Para esas elecciones el Gobierno gallego había reducido un 20% la cuantía con respecto a los 19.413,66 euros de 2009 con el argumento de que la crisis hacía necesario ese recorte. El nuevo incremento también afectará al premio por cada voto obtenido, que pasa de los 0,58 euros de 2012 a 0,77, y a la compensación por cada envío de propaganda electoral, que pasa de 0,16 a 0,22 euros. Una fuente del Gobierno gallego atribuyó esas subidas a la decisión del Consello Consultivo de actualizar sobre las cuantías de 2009 la inflación registrada desde ese año.

En su comparecencia pública a Rueda se le preguntó, como número dos tanto de la Xunta como del PP gallego, si además de impulsar esta ley de financiación de partidos pedirá explicaciones a los cargos de su formación que están siendo investigados por la justicia por presunta financiación ilegal. El vicepresidente se limitó a decir que “las explicaciones ya las dieron ellos” y a mostrar su “respeto” por las actuaciones judiciales abiertas.