Al Consell se le enredan los proyectos estratégicos en Alicante

Las dos actuaciones territoriales estratégicas (ATE) que pretende el Consell para la provincia de Alicante se han topado con múltiples trabas en los municipios que deberían alojarlas. En Alicante está en el aire la llegada de Ikea de la mano del promotor imputado en Brugal y procesado en Gürtel, Enrique Ortiz. Y en Alcoi, el Ayuntamiento espera sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras querellarse con la Generalitat por imponer un proyecto industrial del Grupo La Española sobre el acuífero principal de la ciudad.

Ambas actuaciones, con varios pleitos en activo, coinciden en la recta final de una legislatura agónica para el Partido Popular, quizás la última antes de un cambio del color del Consell.

Tanto Ikea como Alcoinnova llegan con la promesa de miles de trabajos y también con una historia llena de dificultades para encajar en la legislación municipal. La ATE, una figura diseñada para agilizar proyectos, permite que las disposiciones de la legislación urbanística no le sean de inmediata aplicación.

En Alicante, los comerciantes no desprecian a la multinacional sueca a la provincia, pero sí el macrocentro asociado a ella. Piensan que condenaría al comercio no solo de la ciudad, sino también comarcal.

La ATE prevé 487.000 metros cuadrados para IKEA, un macrocentro comercial y un área complementaria para uso terciario en una ciudad con al menos cinco centros semejantes, varios de ellos fracasados. El propio informe de compatibilidad de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente señala que el proyecto carece de detalles respecto a qué se va a instalar.

“El tráfico en la zona sería soportable solo con Ikea, con el macrocentro comercial que se pretende habría muchos problemas”, sostiene el profesor de la Universidad de Alicante Armando Ortuño tras su estudio de la tienda de la mercantil sueca en Murcia, con un planteamiento similar.

La iniciativa de Alicante Avanza, unión de empresas en la que el constructor Enrique Ortiz atesora un 40%, es rechazada además por la oposición municipal al completo. Los propios propietarios del suelo donde irá Ikea han denunciado la ATE ante el TSJ al considerar que beneficia a Ortiz por encima de sus derechos como propietarios. Este ha incluido en la propuesta más de 800.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable para un parque metropolitano. En una iniciativa de 2,2 millones de metros cuadrados, aportar tanto suelo confiere derechos sobre el resto de propietarios, con lo que Ortiz controlaría un espacio mucho más caro que el que compró y aportó a la iniciativa.

En Alcoi, el proyecto de la Española a las faldas del parque natural de la Font Roja y sobre el acuífero que da de beber al 75% de alcoyanos tiene al Ayuntamiento socialista de uñas y en los juzgados. El plan de La Española lleva décadas en los despachos y ha tenido informes contrarios por riesgo medioambiental, además de los de la concejalía de Urbanismo, también desfavorables. La consejera Isabel Bonig lo ha defendido firmemente. “Queremos que La Española se quede, pero no ahí. La Generalitat está usando las ATE para imponer lo que no es posible”, considera el alcalde Antoni Francés.