¿Quién paga los platos rotos?

Entramos en campaña electoral así que hay que prepararse para el protagonismo que tome de nuevo la juez Alaya, tal y como viene haciendo desde que comenzó a instruir el caso de los ERE y luego otros más o menos relacionados, como el de la formación. Una instrucción prolija que ha puesto de relieve evidencias de índole diversa.

La más importante, que en Andalucía ha habido un gravísimo foco de corrupción alrededor de personas que han aprovechado su proximidad o pertenencia al gobierno y al Partido Socialista para utilizar recursos públicos fraudulentamente y en beneficio propio o de personas o colectivos cercanos. Una evidencia a la que no vale quitarle importancia, ni alegando que la cuantía de lo defraudado es menor al quebranto que la corrupción ha producido en otras comunidades, ni tratando de ver en ella simples casos aislados de corrupción. Aunque se puedan criticar las razones que han llevado a la jueza a involucrar a muchas de las personas imputadas o señaladas en la causa, la amplitud de las redes y la gravedad y trascendencia de las prácticas corruptas es innegable.

Desgraciadamente, también se ha puesto de manifiesto que las fuerzas políticas dominantes no tienen suficientes resortes internos ni la voluntad colectiva necesaria para acabar de raíz y para siempre con este tipo de prácticas. Lo demuestra el PP en otras comunidades y el PSOE en la andaluza.

Se puede aceptar que los máximos dirigentes socialistas no se han enriquecido o que no han urdido las tramas colectivamente, como se empeña en demostrar la jueza con juicios de intenciones. Pero también parece evidente que actuaron con notoria falta de celo a la hora de vigilar o descubrir lo que se orquestaba a su alrededor. Y que ambos partidos hayan aprovechado el último minuto de la legislatura para garantizar que ellos sean quienes se vigilen a sí mismos demuestra que no saben ni están dispuestos a evitar y combatir realmente la corrupción que ha nacido o pueda seguir naciendo de sus filas.

Y no es menor desgracia que la instrucción procesal de estos graves casos de corrupción sea tan irregular y deficiente. Las interferencias constantes y tan claramente partidistas de la juez Alaya en la vida política o su arbitraria y contradictoria administración del tempus procesal y de la estrategia de imputación no solo pueden provocar que los auténticos culpables salgan al final de rositas sino que hace pagar a justos por pecadores y que el honor y el patrimonio de personas inocentes quede herido para siempre y sin remedio. Y lo que es peor, que se extienda una imagen de corrupción generalizada en Andalucía que es tan injusta como inmerecida, por muy dispuesta que esté la derecha a difundirla usando a la juez como muleta.