Stop Desahucios pide al Valedor que investigue la detención de un activista

La plataforma Stop Desahucios de Santiago de Compostela ha trasladado una queja al Valedor do Pobo con el objetivo de que abra una "investigación imparcial, autónoma e independiente" sobre la actuación policial en una ejecución de desahucio el 19 de septiembre de 2014 en la parroquia compostelana de Aríns y por la que hay cuatro personas en proceso judicial por faltas. La plataforma ha aportado vídeos para denunciar que se "falsearon" los atestados policiales que inculpan a estas cuatro personas, incluido Brais González, que estaba designado como "mediador" por un acuerdo entre la familia que iba a ser desalojada, el mando policial y Stop Desahucios. Gonzalez y tres compañeros fueron denunciados por la policía por desobediencia mientras que el primero interpuso otra demanda por detención ilegal y falsedad en documento público contra los agentes, aportando vídeos que contradicen la versión de los fuerzas de seguridad sobre lo ocurrido aquella mañana en este barrio de Santiago.

La situación de estas cuatro personas ya ha tenido su respuesta solidaria a través de casi 300 autoinculpaciones entregadas en los juzgados de Santiago de Compostela, una cuestión sobre la que todavía no hay pronunciamiento judicial. En la queja Stop Desahucios pide la "intervención" del Valedor en este asunto con el fin de "determinar responsabilidades" y "restaurar la legalidad vigente", y "sobre todo, "una actuación de oficio en la dirección de la restauración de los derechos y libertades fundamentales de otros ciudadanos" que puedan ser "víctimas de abusos policiales".

La plataforma solicita que la actuación del Valedor no sea "aislada", para lo que le insta a que "requiera del Parlamento" los datos sobre "cuántas personas fueron sometidas a procedimientos administrativos sancionadores con resultado de sanción por diferentes subdelegaciones desde el año 2010" en Galicia.

En la queja, registrada este viernes en la sede del Valedor do Pobo, se denuncia que a la hora de ejecutar el despeje, "la policía desplegó sobre los presentes una fuerza innecesaria y desproporcionada, con al ilícita intención de disolver una concentración de carácter nítidamente pacífico". En declaraciones a los medios, una representante del colectivo ha recriminado que se encuentran con que su "activismo" se ha convertido en "delito", y ha denunciado que las cuatro personas "están acusadas de algo que no hicieron".

En cuanto a la receptividad del Valedor, que preside José Julio Fernández en funciones, Brais González ha indicado que les transmitieron que van a estudiar "qué pueden hacer con este material" y que van a "contrastar" los datos con la policía nacional. "Para nosotros es impepinable que tiene ir adelante una investigación. Es muy obvio y muy evidente; de las pocas veces que tenemos pruebas claras de que la policía se pasó y trató de tapar su chapuza a través de multas administrativas contra activistas y a través de ponerse a redactar atestados que son una novela", ha sentenciado.