El Ayuntamiento deberá a pagar cuatro millones por una expropiación

El Tribunal Supremo ha emitido un auto en el que ha desestimado parcialmente un recurso del Ayuntamiento de Vitoria contra una sentencia anterior del alto tribunal vasco por una expropiación de parcelas en Olarizu y le obliga a pagar a 14 propietarios 4,4 millones, según el consistorio, y 6,2 millones, según el PNV.

El auto del Supremo, que fue notificado este miércoles a las partes y contra el que no cabe recurso, declara el derecho de estos propietarios a que sus parcelas sean justipreciadas "con 90 euros por metro cuadrado, más el 5% por premio de afección".

Según el Ayuntamiento, la cifra que debe abonar a estos propietarios es de 4.485.000 euros, para lo que se solicitará un fraccionamiento del pago.

El grupo municipal del PNV ha emitido una nota en la que discrepa con esta cifra y asegura que la suma a abonar asciende a 6,2 millones, cifra en la que están incluidos los intereses generados durante los años de litigio.

Estas diferencias sobre la cuantía a pagar se deben a que la sentencia no establece como condena una cifra concreta.

El grupo municipal del PNV calcula que la suma a abonar asciende a 6,2 millones

El conflicto comenzó en el año 2000, durante el mandato del entonces alcalde Alfonso Alonso (PP), cuando el equipo de gobierno de Vitoria inició un expediente de expropiación de 39 parcelas, que tasó en 24,59 euros por metro cuadrado, con el fin de ampliar el parque urbano de Olarizu.

Los propietarios, disconformes con el precio, recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en 2014 determinó que el precio por el que tenían que ser tasadas las parcelas era de 90 euros por metro cuadrado, lo que obligaba al Ayuntamiento a abonar 9,5 millones.

El consistorio presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ha sido desestimado en parte, y obliga al consistorio a indemnizar con esa tasación a los propietarios de 14 parcelas. Sin embargo, sí admite el recurso interpuesto por el Ayuntamiento en relación con tres fincas porque en este caso sí se cumple el requisito necesario para presentar un recurso de casación, ya que la diferencia entre el justiprecio que marcó el consistorio y el que establece ahora el Tribunal es superior a los 600.000 euros establecidos.

El concejal de Urbanismo, Miguel Garnica, ha dicho que el auto del Supremo "no es una sanción sino una diferencia en la valoración técnica de los terrenos" y ha destacado que de los 9,5 millones reclamados en un principio por el alto tribunal vasco, el Ayuntamiento deberá abonar "la mitad". Asimismo, ha recordado que todavía está pendiente de que se resuelva el litigo sobre otras tres parcelas y la cantidad que podría estar en juego son 4,5 millones, que si el tribunal falla a favor de los propietarios se sumarían a los 4,4 millones que según el Ayuntamiento debe pagar.

En un comunicado, el PNV ha opinado que "los efectos de este autosobre la prórroga presupuestaria son indiscutibles y puede suponer que se tengan que revisar a fondo los números actuales por el impacto económico que la mala gestión del PP va a tener en la solvencia de las arcas municipales".

Garnica ha aseverado que en todo momento los técnicos municipales han defendido el interés público en la valoración de dichos terrenos.