El alcalde de Alicante retira el PGOU de Castedo por ser inadecuado

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, retirado este lunes tras 14 años de trámites, estaba “obsoleto”. “Nunca se habría aprobado”. Estas son algunas de las razones que esgrimió ayer el actual alcalde de Alicante, Miguel Valor, para explicar la marcha atrás de un documento impulsado por sus dos antecesores y compañeros en el PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y que está bajo investigación judicial.

Valor no citó los nombres de sus predecesores, ambos imputados por tráfico de influencias, cohecho y por revelar información privilegiada, pero sí lanzó una serie de reflexiones que dejan en mal lugar la acción de la Concejalía de Urbanismo durante tres lustros, ya perdidos. El PGOU “no se adecuaba a las pretensiones de la ciudad, con un desarrollo potencial que aún está por llegar”, dijo de un plan que morirá oficialmente este viernes en pleno extraordinario. El documento estaba “muy alejado de lo que plantea la nueva Ley Urbanística”.

El plan preveía 59.650 viviendas más para la ciudad, cálculos hechos en plena burbuja inmobiliaria. “Exceden en mucho las necesidades del municipio en estos momentos y suponen la perpetuación de un modelo de crecimiento inadecuado”, consta en la propuesta que Valor elevará al pleno.

Valor presentó como una medida razonada su decisión de desmarcarse del proyecto de Díaz Alperi y Castedo, quienes supuestamente favorecieron al constructor Enrique Ortiz. Sin embargo, rechazó reclamar a Valencia, como le pide la oposición, la retirada del Plan Rabassa, también en los tribunales en una causa en la que también aparece imputada Castedo. Nació como un plan parcial impulsado por el propio Ortiz y acabó convirtiéndose en una Actuación Territorial Estratégica que asumió la Generalitat al proyectar la implantación de una tienda Ikea. Y eso traerá “beneficios” a la ciudad, según Valor.