El Constitucional revisa la ley de Camps que igualó niño y embrión

El Tribunal Constitucional revisará la ley firmada en el año 2009 por el expresidente Francisco Camps que equiparó a los embriones con los niños a la hora de recibir determinados beneficios de la Generalitat, como la puntuación de una familia al optar a una plaza escolar. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana elevó en septiembre una cuestión de inconstitucionalidad al considerar que la norma “puede ser contraria” a la Carta Magna. El mismo criterio mantiene la Fiscalía, la oposición —Compromís llevó el asunto a la justicia— e incluso el Gobierno de Mariano Rajoy, que fue quien inició el procedimiento que ha llegado ahora al Constitucional.

La Abogacía del Estado, “en representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”, recurrió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la aplicación de la norma hace dos años, cuando el titular del departamento era ya José Ignacio Wert y el PP gobernaba en la Generalitat y La Moncloa. La impugnación no se produjo directamente contra la Ley 6/2009 de Protección a la Maternidad de la etapa Camps, sino contra un decreto del actual jefe del Consell, Alberto Fabra, sobre “acceso a centros docentes públicos y privados concertados” de marzo de 2013. Citando la ley de 2009, el decreto señalaba: “Los solicitantes cuya madre se encuentre en estado de gestación se beneficiarán de una puntuación idéntica a la que obtendrían si ya hubiera nacido su nueva hermana o hermano”.

La norma del Gobierno de Fabra indicaba igualmente que los “empates” entre solicitantes se dirimirían en función de una serie de criterios, entre los que figuraba “la familia numerosa en cualquiera de sus categorías como madre gestante”.

La Generalitat defendió la constitucionalidad de la medida en el procedimiento abierto en el TSJ. La Abogacía del Estado consideró, en cambio, “que la inclusión del nasciturus como sujeto de derecho a ser contabilizado como miembro de la unidad familiar no está contemplada” en la ley educativa estatal, “ni en el resto de la normativa aplicable”. “Tampoco encaja”, agregó en su demanda, “en la configuración jurídica que nuestro ordenamiento jurídico hace de la figura del nasciturus”.

La Abogacía del Estado cree que la ley "no encaja en la definición de 'nasciturus' del ordenamiento jurídico"

Después de estudiar el asunto y de constatar que el decreto aprobado por Fabra se basó en la ley impulsada por Camps, el TSJ decidió plantear al alto tribunal su validez tras no haber podido encontrar “una interpretación de la disposición que permita la acomodación del precepto legal al ordenamiento constitucional”.

La equiparación de niños y embriones ya fue considerada ilegal por un juez en marzo de 2013. El magistrado anuló una orden de la Consejería de Educación que la recogía. Unos días después la consejera María José Catalá anunció, sin embargo, que el Consell mantendría su criterio porque el juez había anulado una orden administrativa pero no la ley de la que emanaba, algo que solo puede hacer el Constitucional.

La Ley 6/2009 fue elaborada por la Consejería de Bienestar Social cuando la dirigía Juan Cotino, referente de la corriente cristiana del PP, más tarde presidente de las Cortes Valencianas y hoy retirado de la política. La norma dio preeminencia también en materia de ayudas a la vivienda, becas de idiomas y otras cuestiones a las solicitudes realizadas por una “embarazada” o por la “unidad familiar” a la que perteneciera. La ley fue incluida en el Plan Más Vida, que fue visto como la reacción del Gobierno de Camps a la regulación del aborto realizada por el Ejecutivo socialista que estableció el sistema de plazos.