La policía desaloja a discapacitados que reclaman el pago de sus nóminas

Acuden cada día a su puesto de trabajo y abren al público un quiosco vacío de periódico, revista, bebida o chuchería alguna. Por no tener, ni electricidad tienen, lo que les obliga a recurrir a mantas para combatir el frío o a velas cuando cae la noche. Cada día los 95 discapacitados empleados en la Rede Galega de Kioscos (Regaki), propiedad del grupo Galega de Economía Social que dirige la ONG sin ánimo de lucro Cogami, continúan pese a todo en sus puestos. “Aguantamos para no perder derechos, acabamos de cobrar el salario de noviembre, pero aún falta el de diciembre y la extra”, explica Sonia Puente, delegada del personal y empleada en el céntrico quiosco de la Alameda de Santiago. Los quiosqueros se encerraron el pasado jueves en la sede de Cogami en Santiago, con el propósito de permanecer allí hasta cobrar sus atrasos. Finalmente fueron desalojados por la policía sin que se produjeran incidentes.

Desde que el grupo empresarial declaró a finales de octubre concurso de acreedores con una solicitud para liquidar a toda la plantilla de los 37 quioscos que gestiona, la mayoría en lugares emblemáticos de las ciudades de A Coruña, Pontevedra, Santiago, Lugo u Ourense, “todo es un sinvivir” para unos trabajadores discapacitados que dependen, como único recurso, de su salario mensual de 620 euros netos. La suspensión de pagos les pilló por sorpresa. Desde 2011, la empresa empezó a arrastrar pérdidas insostenibles, alegan sus gestores. Hace un año, la ONG cobró una subvención de la Xunta de 250.000 euros para “cubrir el coste laboral de mantener centros especiales de empleo”, esto es únicamente para trabajadores con discapacidades. Una ayuda solicitada y entregada después de despedir, a finales de 2013, al 10% de su plantilla, lo que elevó a 155.789 euros la factura en indemnizaciones por despidos improcedentes y originó los 141.400 euros de pérdidas que marcó su balance anual. Pero su gasto en personal se redujo este año en un 17%.

Los trabajadores sospechan que la suspensión de pagos y liquidación de una empresa con pérdidas pero no en situación de quiebra, sostienen, sólo responde a una artimaña para liquidar la red a un coste menor y quedarse únicamente con los quioscos más rentables. Una suposición que creen confirmada con la propuesta del actual gerente de Regaki, Ramón Sande Miramontes, de quedarse con 23 de los 37 quioscos, los más céntricos o en lugares más emblemáticos, y un tercio de la plantilla (35 empleados). Sande, junto con el supervisor en A Coruña y Pontevedra, Manuel Quiñones, entregó el pasado día 15 su propuesta al administrador concursal. Condicionan el mantenimiento de parte del negocio a que no herede ningún tipo de deuda o impago pendiente de Regaki. Aseguran que con los 23 quioscos que pretende mantener —especifica uno a uno cuáles son, los más rentables— pretende crear una sociedad limitada de economía social, abierta a recibir subvenciones públicas por emplear discapacitados. Los dos directivos detallan también los nombres y apellidos de los 35 trabajadores que pretenden mantener en nómina. Es sólo un tercio de la actual plantilla y debería encargarse de cubrir en dos turnos las 12 horas diarias de apertura. Los dos directivos de Regaki nada dicen de mantener la antigüedad de esos empleados. La perderían con el cambio empresarial.

Los quiosqueros no se fían. “¿Quién les impide echarme a los tres meses? No nos dan garantía de nada”, se indigna Sonia Puente. Y cunde la desconfianza ante la propuesta “sin concretar” de un gerente cuya gestión fue puesta entredicho, tanto que llevó a sus dueños a liquidar la empresa. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña decidirá. Mientras, los quiosqueros, con el apoyo de CC OO y CIG, están dispuestos a mantener sus protestas. Y exigen una entrevista con la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, cuyo departamento entrega cada año cuantiosas subvenciones a Cogami.