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La industria del ‘fracking’ tienta a los Ayuntamientos con fuertes ingresos

Los Consistorios de Castellón mantienen su oposición a las prospecciones

Pozo de una prospección petrolífera de los años setenta en La Salsadella.
Pozo de una prospección petrolífera de los años setenta en La Salsadella.

La plataforma Shale Gas España, un lobby que defiende los proyectos de búsqueda de hidrocarburos mediante la controvertida técnica de la fracturación hidráulica o fracking, busca ganarse a los Ayuntamientos contrarios informándoles de los importantes ingresos económicos que recibirán por estos planes. Unos cuarenta municipios de las comarcas de Els Ports y del Maestrat en la provincia de Castellón están afectados por los tres permisos de investigación solicitados por la empresa Montero Energy, que todavía no han sido resueltos por el Gobierno valenciano. La solicitud es para estudiar en exclusividad una zona de casi 200.000 hectáreas durante seis años.

La gran mayoría de los Ayuntamientos han aprobado mociones para declararse opuestos a esta técnica que consideran dañina para el medio ambiente, pero algunos admiten que la promesa de beneficios económicos en época de crisis podría contribuir a que algunos cambiaran de parecer.

Shale Gas ha indicado a través de un comunicado que por cada pozo que se perfore en el terreno podría suponer unos ingresos de entre 300.000 y 600.000 euros en concepto de impuestos locales y tasas. La inversión por cada pozo la han estimado en entre los 10 y 20 millones de euros y prevén que los primeros que se perforarán en España se realicen en 2016. Además, sostienen que la reciente modificación de la Ley de Hidrocarburos también implica más beneficios en el ámbito municipal y autonómico.

La Generalitat todavía no ha aprobado o rechazado los proyectos para Castellón. Según la documentación aportada por la empresa, no será hasta el segundo año de operaciones cuando se perforen los dos primeros pozos, aunque la fase de excavación como tal llegaría al tercer año. La empresa no ha detallado qué zonas van a ser objeto de perforaciones.

La promesa de dinero no ha llegado oficialmente a los Consistorios que, aseguran, no han recibido ninguna comunicación de la empresa ni del lobby, sin embargo, los equipos de gobierno no desconocen la inyección que supondrían las perforaciones. La práctica totalidad de los alcaldes afectados por los proyectos de fracking consultados afirman que la supuesta repercusión económica no modificará el rechazo generalizado que ha provocado en la población del norte de la provincia y que ha sido recogido por Ayuntamientos de todos los signos políticos. Aunque algunos creen que algo afectará. “Cuando se empezó a hablar del plan eólico hubo mucha gente en contra y ahora hay municipios a los que les ha salvado el dinero que reciben por los molinos. Hay que tener en cuenta que el dinero del que hablan, hay Ayuntamientos que no lo tienen ni con todo su presupuesto”, dice Antonio Ripollés (PSPV), regidor de Cinctorres. Baudilio Martínez (PP), alcalde de Benassal hasta este verano, cree que el dinero no cambiará nada. “Hay un sentimiento generalizado de rechazo y no lo vamos a cambiar”, afirma

Los alcaldes ya fueron tentados a finales de 2012 cuando, poco después de que Montero Energy pidiera los permisos, el magnate del petróleo Craig Steinke, de la canadiense R2 Energy (que está detrás de los proyectos de Castellón), mantuvo un encuentro en la Diputación en la que les habló del empleo y del dinero que implicarían los sondeos. También entonces los alcaldes recelaron. “Ya nos posicionamos en contra y así vamos a seguir, estamos acostumbrados a las promesas, como con el Castor”, apunta el alcalde de Benicarló, el también popular Marcelino Domingo.

La oposición al fracking en Castellón tendrá una cita clave el próximo día 27. La asociación ecologista Arca Ibérica comparecerá, junto con representantes de la Plataforma Antifracking, en la sesión de Medio Ambiente y Energía del Parlamento Europeo para pedir que se analice si los proyectos cumplen con las directivas europeas referentes al agua y a los espacios protegidos.