El Parlament pide a la fiscalía que impulse la reapertura del caso 4-F

El Parlament ha aprobado esta tarde por unanimidad una declaración que insta a la fiscalía y a la Guardia Urbana de Barcelona a que impulsen la revisión del caso 4-F, en el que un agente quedó en estado vegetativo y fueron condenados nueve jóvenes. Una de ellas, Patrícia Heras, se suicidó durante un permiso penitenciario.

La declaración institucional ha sido leída por el secretario segundo de la cámara, Pere Calbó, durante el pleno de esta tarde y se produce después de la polémica generada tras la emisión el pasado sábado, en el canal 33, del documental Ciutat Morta, en el que los condenados defienden su inocencia, se detallan irregularidades en la investigación judicial del caso y se denuncian torturas policiales a algunos acusados durante el tiempo que estuvieron detenidos.

El texto de la declaración es muy sucinto y manifiesta en el primero de sus puntos la solidaridad de la cámara con el guardia urbano y su familia por las graves lesiones que sufrió y que han mermado sus facultades físicas y cognitivas. También se expresa la solidaridad con los familiares y amigas de Patrícia Heras.

En otro apartado de la declaración se traslada a la fiscalía la "necesidad de revisar todas las actuaciones judiciales derivadas de los hechos del 4-F" si a partir del documental se considera que "no hubo una investigación bastante cuidadosa, incluidas las denuncias por delito de lesiones que en aquel momento se archivaron". En esa línea, la cámara reclama la colaboración de la ciudadanía para que colabore en la aportación de nueva información que facilite la reapertura y esclarecimiento del caso.

Finalmente, la cámara legislativa pide al Ayuntamiento de Barcelona que realice las "investigaciones pertinente" en la Guardia Urbana para dirimir, llegado el caso, "las responsabilidades pertinentes".

La declaración ha sido suscrita por los portavoces de los siete grupos parlamentarios: CiU, Esquerra Republicana, PSC, PP, Iniciativa-Esquerra Unida, Ciutadans y la CUP. El consenso institucional de la cámara se produce después del acuerdo que también se alcanzó hace unos días en el Ayuntamiento de Barcelona, en el que todos los grupos municipales acordaron remitir el documental a la fiscalía solicitando la reapertura del caso. El ministerio público ya anunciado que el contenido del documental no es motivo suficiente para hacerlo.