Valor cree injusta la dimisión de Castedo y revalida a imputados

El recientemente nombrado alcalde de Alicante, Miguel Valor (PP), sorprendió ayer con las palabras escogidas para abrir el primer pleno que preside de la corporación alicantina. El veterano político inició el periodo de cinco meses en el que manejará las riendas municipales defendiendo a su antecesora, Sonia Castedo, dimitida por sus problemas con la justicia, y a los imputados en su equipo de gobierno. “Ha sido injusto lo ocurrido en este Ayuntamiento”, dijo Valor. Y personificando en Castedo, llegó a desear que “ojalá no hubiera tenido que dimitir”.

El hombre al que el presidente Alberto Fabra llamó para devolver la normalidad a una de las legislaturas más convulsas de la historia municipal alicantina quiso, sin embargo, excusar todo lo que se le pidió que cambiara. En sus primeras palabras a la cámara municipal, Valor alabó la presunción de inocencia en un claro guiño a la exalcaldesa, que se enfrenta a cinco delitos por el presunto amaño del plan urbano y que dimitió acosada por su partido y la oposición.

“Verdaderamente no teníamos que haber llegado hasta aquí”, reflexionó Valor. Pronunció sus palabras junto al vicealcalde, Andrés Llorens, antigua mano derecha de Castedo y al que la fiscalía pide tres años de prisión por prevaricación y falsedad documental en las obras de una plaza. Casi hizo penitencia por acceder al cargo que tendría que haber ostentado Llorens, como advirtió no hace mucho el propio vicealcalde. “Ojalá esta nueva etapa no hubiera sido necesaria”, vino a decir quien hasta hoy solo hablaba de la “ilusión” que le producía convertirse en primer regidor.

La oposición ya se quedó sorprendida el pasado jueves cuando Valor, nada más ser nombrado alcalde, reforzó por decreto al otro pilar del núcleo duro de Castedo, Juan Seva. El regidor se enfrenta en los tribunales a una posible inhabilitación por la mala gestión del Lucentum, el club de baloncesto de Alicante. Seva, que ya controlaba cuatro carteras (Hacienda, Seguridad, Recursos Humanos y Tráfico), gestionará también el Patronato de Vivienda.

Hombre que presume de montar pocas guerras, la reivindicación de Valor no hará más que endurecer la oposición de PSOE, Esquerra Unida (EUPV) y UPyD contra los imputados. Para el próximo pleno, las formaciones ya anuncian mociones en contra de que un vicealcalde imputado o procesado pueda ocupar la presidencia del pleno o para que los funcionarios y ediles involucrados en presuntas corruptelas sean apartados.

Miguel Ángel Pavón, de EUPV, demandó al alcalde que despida al gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y suspenda a Isabel Campos, jefa del servicio jurídico de Urbanismo en interinidad. Ambos están imputados junto a Castedo y el primero fue nombrado por ella como cargo de confianza. “Ni siquiera acude a las reuniones de Urbanismo y cobra 50.000 euros anuales”, denunció Pavón.

“Ha sido un muy mal comienzo”, protestó el portavoz socialista Miguel Ull, “daba la sensación de que Valor está en manos del núcleo duro de Castedo”. El socialista le instó a que anule el escrito emitido por Castedo el pasado febrero con el que prohibió el acceso directo a los archivos municipales a la oposición.

“No han entendido nada”, declaró Fernando Llopis, de UPyD. “Siguen confundiendo responsabilidad judicial con responsabilidad civil. ¿Para qué defiende a quien salió por la puerta de atrás si nadie se lo ha pedido?”, se preguntó Llopis al recordar la despedida de Castedo vía Internet y la explicación en televisión de su espantada.