La búsqueda del topo del Palau apuntó a cargos de confianza del PP

La investigación interna realizada en Presidencia de la Generalitat para localizar al topo del Palau —y las filtraciones de la nómina de Alberto Fabra, el contrato del preparador y los gastos alimentarios o de hospedaje autorizados por la secretaria de Organización, Esther Pastor— tuvo en el punto de mira a cargos de confianza del PP.

Las conclusiones de la investigación interna, a las que ayer tuvo acceso parcial el portavoz de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, señalan que “es casi imposible que ninguno de los funcionarios” que participó en la tramitación de los documentos fuese el responsable de las filtraciones.

En cambio, la instrucción realizada en enero de 2014 apunta como posibles responsables de las filtraciones a Jesús Marí como subsecretario de la Consejería de Presidencia y a José Busó como secretario general administrativo.

El informe detalla que Busó solicitó “en julio de 2013, sin explicar para qué, fotocopia de la última nómina” del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, “la de junio, que fue la que se publicitó en septiembre” en los medios de comunicación. El personal del servicio también le entregó el certificado de empadronamiento de cinco altos cargos del Consell que percibían la indemnización por residencia. Busó, según la investigación, también trasladó esta documentación a su superior, el subsecretario de Presidencia.

El subsecretario, de acuerdo con las conclusiones del informe consultado por EUPV, seleccionaba parte de la documentación que pasaba por su despacho para ser fotocopiada. Las fotocopias, clasificadas en carpetas, se guardaban bajo llave en un cajón al que solo tenían acceso Marí y su secretaria, que destruyó este archivo tras el cese del subsecretario. Marí dejó su puesto en agosto de 2013 antes de iniciarse la investigación interna. Busó, que justificó su petición de acceder a la nómina de Fabra por un problema surgido en el pago del complemento de residencia en el salario de un director territorial, fue destituido del cargo de secretario general administrativo de la Consejería de Presidencia y trasladado a otro departamento. La investigación interna no se atrevió a responsabilizar directamente a ninguno de los dos y la Fiscalía optó finalmente por archivar la denuncia por filtraciones de Presidencia de la Generalitat.

Sin embargo, el temor a la difusión de nueva documentación interna llevó al número dos de la Policía Autonómica y jefe de seguridad del Palau a realizar nuevas pesquisas y a interrogar a un asesor del vicepresidente José Ciscar sin orden alguna. Situación que derivó en una nueva investigación interna y su remisión al juzgado, que ha imputado de un posible delito de abuso de autoridad al agente.

Ignacio Blanco denunció ayer “un funcionamiento chapucero de Presidencia, achacable solo a sus responsables políticos”. El candidato de Esquerra Unida a la Presidencia de la Generalitat lamentó que se hubiese interrogado a 15 funcionarios en esta investigación y no a los cargos políticos. “Aquí hay dos escándalos, el del topo del Palau, por las filtraciones, y el de la gaviota, por los gastos personales realizados a cuenta de la caja fija” de Presidencia, indicó.

Blanco aseguró que el temor a perder una nueva demanda por opacidad en los tribunales ha sido lo que ha hecho que el Consell facilite el acceso a las conclusiones de la investigación.