Fiscalía pide imputar al jefe de Urbanismo de Alicante en Brugal

El fiscal Anticorrupción Felipe Briones pidió ayer la imputación en el caso Rabassa, una de las investigaciones del caso Brugal, por tráfico de influencias y prevaricación del jefe de servicio del Urbanismo de Alicante, José Luis Ortuño. El fiscal le considera “cooperador necesario” en la supuesta trama de intereses que se habría orquestado desde el Consistorio para favorecer al empresario Enrique Ortiz en la actuación urbanística del barrio de Rabassa, donde se pretendió la construcción de más de 13.000 viviendas y la implantación de una macrotienda Ikea.

El escrito presentado por el ministerio fiscal, basado en el informe policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, establece que Ortuño fue el técnico que dio luz verde a la construcción del plan urbanístico impulsado por el constructor y la exalcaldesa Sonia Castedo, también imputada por prevaricación y tráfico de influencias junto al Gerente de Urbanismo, Enrique Sanus y la jefa de los servicios jurídicos de Urbanismo, Isabel Campos.

Ortuño entró como primer testigo del caso en el juzgado de instrucción número 6 de Alicante y salió con un pie en la imputación después de que el juez Juan Carlos Cerón suspendiera su declaración para tomar en consideración el escrito del fiscal. La imputación cerraría el círculo de la supuesta trama para favorecer a Ortiz desde las dependencias de Urbanismo. Sin la firma de Ortuño, sostiene el fiscal, no hubiera sido posible modificar el diseño del área de Rabassa para encajar la tienda de Ikea.

En el informe policial se constata que en enero de 2010 existió una voluntad por sacar adelante un proyecto que estaba suspendido por el Tribunal Superior de Justicia valenciano al no tener garantizadas ni el agua para las miles de viviendas previstas, además de haber sido elaborado al margen del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

Rabassa ha sido la tumba política de Castedo, que declarará el próximo día 16. En los inicios del proyecto, que se remontan hasta el 2008, el plan iba a albergar esta macrourbanización contra la que se movilizaron asociaciones medioambientales y hasta se creó una plataforma ciudadana. Desde el Ayuntamiento se intentó endulzar el proyecto anunciando que de esas 13.500 viviendas, 8.000 serían de protección oficial.

La policía, a lo largo de toda la investigación, ha sospechado que el proyecto urbanístico era una pantalla para instalar Ikea en Rabassa. En los anexos del informe policial constaba un contrato firmado por la multinacional sueca con Ortiz para que este cobrara una una suma superior a los 90 millones por la instalación de una tienda de muebles contra la que también se ha expresado el comercio local. Según se entiende en las escuchas policiales que sostienen el caso, Ortiz cobró esa cantidad.

El caso Rabassa es una pieza separada de la instrucción que lleva a cabo otro juzgado alicantino, centrado en una investigación sobre la totalidad del urbanismo alicantino. Ambas causas nacen con el caso Brugal, que proviene de unas supuestas corruptelas en Orihuela entorno a la gestión de la basura y que llegaron hasta el urbanismo de Alicante.