El juez Castro sobresee la acusación al vicealcalde de Valencia en Nóos

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha sobreseído provisionalmente la causa contra el vicealcalde de Valencia y presidente del patronato Turismo Valencia Convention Bureau, Alfonso Grau, por los convenios con el Instituto Nóos para la organización del evento Valencia Summit. El número dos de Rita Barberá se queda fuera del auto de apertura de juicio oral del magistrado a pesar de que el PSPV y el sindicato Manos Limpias pedían para Grau 11 años de cárcel.

Los socialistas anuncian que recurrirán ante la Audiencia de Palma el archivo provisional decretado por Castro, por lo que de prosperar el mismo, la decisión definitiva sobre la acusación de Grau se postergará unos dos meses, según fuentes jurídicas. Fue precisamente la Audiencia la que imputó de nuevo al vicealcalde después de que Castro archivara la causa contra él.  

El juez reconoce que la fundación Turismo Valencia era "de interés público" y estaba sujeta a la ley de contratos públicos por su dependencia y control público municipal. Sin embargo, Castro entiende que esta fundación "ha venido siempre funcionando como entidad privada", incluso en sus relaciones contractuales, sin la oposición, "al menos que se sepa", de ningún grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia.

Sobre los Valencia Summit --convenios firmados entre la FTVCB, Cacsa y el Instituto Nóos-- considera que su gestión "siempre" la tuvo la sociedad pública Cacsa, y aunque "no se discute" que la fundación le dio su beneplácito, "ello aconteció en el seno de la Junta de Patronos", por lo que acuerda sobreseer la causa contra Grau.

Castro insiste en que los testigos que declararon en Valencia el pasado noviembre, también los que desvelaron que fueron citados por la fundación en los días previos a su comparecencia ante el juez,  parece que para unificar criterios de cara a sus inminentes declaraciones, coincidieron en que, aunque Grau tenía un papel preponderante en la fundación, y era quien proponía los proyectos, siempre gozaron de libertad de criterio para oponerse a cualquiera de ellos" por lo que, aunque no se diera una votación formal, "los acuerdos se tomaban colegiadamente en la Junta de Patronos".

El Grupo Municipal Socialista recurrirá la decisión del magistrado: "Vamos a recurrir el auto de apertura de juicio oral, dado que nos asiste la jurisprudencia”. “Seguiremos luchando contra la corrupción que se haya cometido en el ámbito del Ayuntamiento de Valencia, de la misma manera que estamos actuando en el autonómico y en el estatal”, ha sentenciado el portavoz municipal socialista Joan Calabuig.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tras conocer la noticia del archivo, ha pedido la dimisión en bloque de todo el grupo municipal socialista por haber "perseguido sin consideración, denigrado y atacado el honor del vicealcalde, Alfonso Grau".

Barberá ha hecho estas declaraciones en torno a las diez de la mañana y aunque ha explicado que no ha leído el auto y solo conoce la situación de Grau por mensajes de sus compañeros de partido, ha dicho que se sentía "enormemente satisfecha, alegre y emocionada".

Imputados de la Casa Real

En el caso Urdangarin, pieza 25 del caso Palma Arena, están imputados dos miembros de la Casa Real -la Infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarin-, el expresidente balear Jaume Matas y a última hora el vicealcalde, que con este auto se queda fuera. Estaba imputado por los convenios firmados con el instituto de Urdangarin para la organización de los Valencia Summit, eventos que costaron 3,6 millones de euros a las arcas públicas y en cuyas adjudicaciones el juez José Castro ha visto indicios de delito.

El caso arrancó en 2010 cuando el juez abrió una pieza separada del caso Palma Arena para investigar el supuesto desvío de hasta 6,1 millones de euros al Instituto Nóos a través de convenios con los gobiernos balear y valenciano. El magistrado imputó a Grau en mayo de este año al detectar “indicios racionales” de que “se orilló el interés general, se prescindieron de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado” y “tampoco fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió a Nóos que justificara el destino de los fondos públicos recibidos”. Castro entendió que todos ellos eran requisitos obligados para una fundación que, según argumentaron la acusación popular y la fiscalía, se nutría de fondos de “naturaleza abrumadoramente pública”.

Los antiguos patronos de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, cuyo patronato preside Grau, apuntaron hacia él como máximo responsable de los contratos en su declaración como testigos ante el juez Castro. Grau aseguró que Turismo Valencia contrató con Nóos porque le parecía "una propuesta razonable" y que iba a traer a personalidades relevantes a la ciudad.

En junio, el magistrado archivó finalmente la causa contra Grau porque no encontró “actividad maliciosa” en su actuación como presidente del patronato de la fundación. Según concluyó el juez, los convenios le llegaron al vicealcalde “digeridos” desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), y no le consta que tuviera contacto alguno con Urdangarin, su socio Diego Torres o alguno de sus emisarios.

A la vista de las contradicciones sobre la naturaleza jurídica de la fundación municipal, Castro concluyó que no hay certeza al ciento por ciento y exculpó a Grau de evadir la ley de contratos públicos. Los socialistas de Valencia recurrieron ante la Audiencia de Palma el sobreseimiento de la causa contra el vicealcalde y ésta decidió en noviembre, a un paso de la apertura de juicio oral, volver a imputarlo.

Su reacción fue airada, se negó a dimitir y cuestionó que estuviera imputado. A un periodista llegó a responderle que había convocado esa rueda de prensa “porque me da la gana” y se atrincheró tras su cargo. Su permanencia al frente de la vicealcaldía sufrió otro revés cuando dos de los testigos propuestos por él desvelaron que la fundación los citó para aleccionarles antes de declarar ante el juez Castro.

Un político al final de su carrera

De 73 años, viudo y con dos hijas, este médico cirujano entró como segundo teniente de alcalde de la ciudad en 1995, segundo mandato de Rita Barberá y primero en el que el PP consiguió una mayoría absoluta que no ha perdido desde entonces.

Desde su llegada al Consistorio, Grau ha sido responsable del área de dinamización económica y empleo del Ayuntamiento, así como concejal de Turismo y de gestión delegada del Parque Central y Plan del Cabanyal. Su trayectoria pública ha estado dedicada a la política municipal, donde ha ocupado las concejalías de Fiestas, Presupuestos y Hacienda y Grandes Proyectos, hasta situarse como "número dos" de Rita Barberá, con la creación de una vicealcaldía pensada para él tras las últimas elecciones municipales de 2011, con la que se despedía de la política debido sobre todo a su edad.

Grau ha sido el gran aliado de Barberá para hacer frente a las críticas y acusaciones recibidas por la gestión de la ciudad, especialmente en sus grandes proyectos, como el Plan del Cabanyal. Ha sido el ariete contra la oposición en los plenos municipales, donde la alcaldesa se ha limitado a ejercer de árbitro, con escasas incursiones a la arena política. Ha mantenido siempre una actitud dura y desafiante con los grupos de la oposición, que se han topado una y otra vez con un gobierno municipal cerrado a cal y canto a pactos o consensos.

El vicealcalde se ha encargado de defender los grandes proyectos de Valencia, como concejal de Turismo y Grandes Proyectos, y ha formado parte de todos los equipos de negociación de las grandes obras acometidas en ciudad durante los mandatos de Rita Barberá. Sin embargo, no ha podido sortear la plomiza crisis económica y en los últimos tiempos ha presenciado cómo caía uno tras otro. El Parque Central, la dársena del puerto de Valencia, la remodelación ferroviaria en el centro de la capital con la llegada del AVE.