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El Palacio de Congresos, dos años cerrado por obras aun no iniciadas

Mantener el edificio cuesta a Turespaña dos millones de euros al año

Un ciclista pasa delante del Palacio del Congreso de la Castellana. Ampliar foto
Un ciclista pasa delante del Palacio del Congreso de la Castellana.

El pasado reciente del Palacio de Congresos de Castellana puede resumirse en cuatro cifras: dos años de cierre, 10 millones de euros perdidos, 37 trabajadores en paro, ninguna actividad prevista. El recinto, responsabilidad de la Secretaría de Estado de Turismo, está cerrado desde el 21 de diciembre de 2012. La preocupación que siguió a las cinco muertes de la fiesta de Halloween del Madrid Arena permitió descubrir fallos de seguridad en el edificio, construido en 1970. El Palacio se cerró, en principio temporalmente, para realizar unas obras que debían resolverse en meses. Los trabajos aún no han comenzado, la actividad se ha detenido indefinidamente y el parking es el único espacio útil en este complejo de cinco plantas.

La paralización de la actividad en uno de los puntos centrales del turismo de convenciones en Madrid sucedió de un día para otro. Antes de su cierre, el complejo (amortizado en sus tres décadas de existencia) ofrecía las tarifas más competitivas de la ciudad (5.400 euros por alquilar el auditorio durante un día) e ingresaba cinco millones de euros al año. La clausura del edificio iba a durar, en principio, tres meses, lo necesario para mejorar las vías de desalojo, añadir escaleras y abrir salidas al exterior, entre otras actuaciones.

Pero todo se complicó, sin que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo haya aclarado aún por qué. En enero de 2013, Turespaña —dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo— pedía la enésima prórroga de tres meses para finalizar los estudios de las obras. En junio de 2014, el Gobierno confesaba no poder hacer frente al importe de las mismas, que UGT cifra en 40 millones de euros y que la Administración no ha hecho público. “No se trata de unas obras que supongan un coste mínimo, sino de una cuantiosa inversión que, en estos momentos, no es posible abordar”, contestó al respecto el Ejecutivo el pasado junio a una pregunta de UPyD.

Visto desde fuera, nada parece haber cambiado en el complejo, jalonado de un mural de Miró de 550 metros cuadrados, en plena Castellana. Turespaña dedica dos millones de euros al año y 15 trabajadores (10 de limpieza y cinco de seguridad) a mantener impecable el edificio, con más de una docena de salas de reuniones, 7.700 metros cuadrados de zona de exposición y un auditorio con capacidad para 1.900 personas. El único proyecto esbozado por Turespaña, que preveía privatizar parte del palacio para convertirlo en una galería comercial, ha quedado en suspenso por falta de presupuesto y de empresas interesadas en llevarlo a cabo: el posible concesionario sería el responsable acometer las obras necesarias.

Los sindicatos no se explican cómo unos trabajos que en enero de 2013, tras un informe preliminar, se presupuestaban en 118.100 euros (el gasto de Turespaña en 2013 fue de 83 millones) pasaran a ser inasumibles. “No sabemos qué pensar, pero claro, sospechamos que hay intereses ocultos”, dice María Luisa Soler, responsable de Restauración de UGT.

La organización señala, además, que había opciones alternativas a cerrar el palacio. El recinto del Madrid Arena también cerró después de los fallos de seguridad que provocaron la muerte de las cinco chicas, pero reabrió al poco, después de que el Ayuntamiento limitara el aforo y prohibiera cierto tipo de eventos. El Palacio Municipal de Congresos solucionó 70 incidencias de seguridad en 2013. “Parece que hay interés en que esto permanezca así, y que ni siquiera se note por fuera”, dice Francisco Perdiguero, portavoz del comité de empresa del palacio.

El estado del complejo y el “despilfarro de dinero público” no son la única preocupación de los sindicatos. Los 28 empleados de las oficinas del palacio fueron transferidos hace meses a otros departamentos. Pero el cierre del edificio provocó que la empresa de restauración Husa abandonara las dos cafeterías que regentaba en él y se declarara posteriormente en quiebra. Sus 37 trabajadores se encuentran en paro y no han cobrado aún los salarios atrasados. “Nadie nos aclara el futuro de estos trabajadores ni de un edificio tan importante para el turismo en Madrid. La Secretaría de Estado solo busca desentenderse”, se queja Soler. El Palacio de Congresos espera en la Castellana, impecable pero vacío.

37 familias en espera

Para 37 familias, la situación del Palacio de Congresos se ha convertido en una tensa espera. Son los antiguos empleados de Husa, la empresa que desde 2008 regentaba las dos cafeterías del complejo y que echó el cierre en 2012, con la clausura del palacio. La compañía entró después en concurso de acreedores y, aunque el despido se declaró nulo, no ha readmitido a sus antiguos empleados ni les ha pagado los salarios que les debe.

Entre estos trabajadores, cinco han dejado de cobrar (o lo harán pronto) la prestación por desempleo. “Es muy bonito que a los compañeros de las oficinas les hayan redistribuido, pero ¿nosotros, qué?”. Habla la mujer de uno de estos empleados, que prefiere no dar su nombre. Él tiene 55 años, llevaba 30 trabajando para el Palacio y por una subrogación pasó a ser empleado de Husa. El martes irá a pedir la ayuda de 400 euros a los desempleados de larga duración. Ambos miembros de la pareja están en paro y tienen tres hijos que aún estudian.

“La Secretaría de Turismo debe hacerse cargo de estos trabajadores”, afirma Francisco Perdiguero, portavoz del comité y afectado también por los despidos. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de septiembre de 2013 declaró a Husa única responsable. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) debe hacerse cargo ahora de abonar los pagos atrasados. El sindicalista calcula que puede tardar aún cuatro años. “En 2015 no sabemos qué vida vamos a tener”, dice la mujer del afectado.

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