CRTVG ampara los sueldos del consejo y plantea rebajas a la plantilla

Tres años después de su aprobación por el Parlamento, la Xunta retiene, sin ofrecer explicaciones, la nueva ley de medios públicos de Galicia que iba a “garantizar” los valores del “pluralismo, veracidad y accesibilidad” en la información ofrecida por la Compañía de Radiotelevisión de Galicia (CRTVG) e “impedir la contratación a terceros” de la realización y edición de los informativos. Lejos de ello, la Xunta mantiene, sin amparo legal, un consejo de administración encabezado por un director general designado por el Ejecutivo y no por el Parlamento, como exige el nuevo texto legal, y paga cerca de 800.000 euros anuales a 11 consejeros que siguen en sus cargos desde la legislatura pasada, pese a la obligación de renovarlos anualmente según la representación de la Cámara.

“Es un escándalo”, sostiene el comité interempresas de CRTVG, alarmado por el desglose de las retribuciones a los consejeros del que conoció el jueves a través de la interpelación por AGE al director general, Alfonso Sánchez Izquierdo. Un desglose del que CRTVG “ha tardado dos años en informar”, sostiene el diputado de AGE Juan Fajardo. Los datos han caído como un jarro de agua fría sobre los trabajadores del ente público que negocian ahora su convenio colectivo con la perspectiva, “una vez más”, de hacer “grandes sacrificios salariales” mientras los integrantes del consejo de administración designados por los partidos (todos menos AGE: no tenía representación la legislatura pasada y no se han renovado los cargos) reciben remuneraciones en algunos casos próximas a la del presidente del Gobierno.

El problema no es comparativo. Ocurre que CRTVG “computa los ingresos de esos consejeros en el capítulo 1”, de gastos de personal, “y cada vez que el director general comparece ante el Parlamento, reconoce la necesidad de los recortes de este capítulo” que, según el comité de empresa, acaban afectando siempre a la parte más débil: los trabajadores.

Más allá de los sueldos, el papel de estos “es totalmente inútil”. Los representantes de los trabajadores advierten de que “nunca” cuentan con los representantes del consejo: “Cuando acudimos a ellos para denunciar manipulación informativa, externalización de servicios u otros problemas, se desentienden”. El comité interempresas critica la abstracción de los consejeros sobre la situación del ente público: “Pese a que deberían ser ellos quienes estuvieran informados, somos nosotros quienes tenemos que advertirles, aunque no sirve de nada”.

“Alguien tiene que explicar por qué percibiendo esos ingresos, los consejeros no tienen sin embargo responsabilidad alguna sobre las decisiones políticas” de CRTVG, protesta Farjado. El diputado sospecha, además, que las retribuciones del ente público a estos representantes “van más allá” de las desglosadas por Sánchez Izquierdo, por lo que anuncia que su grupo pedirá por escrito el desglose “por otros conceptos” que podrían estar percibiendo los 11 consejeros.

La situación de CRTVG choca con la de compañías similares de otras comunidades. Fajardo cita a Cataluña, “en donde los consejeros son responsables a título personal”. Junto a ello, alerta de que el consejo de administración de CRTVG “ni siquiera representa a la sociedad gallega actual” dado que no se han renovado los miembros desde las últimas elecciones que alteraron el mapa del Parlamento. “Ni se aplica la ley de 2011” de la que AGE recela en algunas cuestiones, ni tampoco la anterior, ahora en vigor.

Al BNG, que votó en contra, tampoco le gustan ciertos aspectos de la nueva e inaplicada ley (“no blinda el gallego ni la participación del sector audiovisual y abre la puerta a la privatización”) aunque le reconoce algunos positivos. La diputada Montse Prado cita entre estos la elección del director general, la creación de un consejo de informativos, la reducción de consejeros y su dedicación exclusiva. Pero opina que su aprobación “fue un paripé”.

El PSdeG reclama la aplicación de la ley de 2011 que esta formación promovió y que fue respaldada por el PP. “Podría ser mejorable, pero da pasos hacia un medio público plural y sostenible”, sostiene la diputada María Quintas. En su opinión, Feijóo la tiene secuestrada “porque usa el ente público como su gabinete de prensa para tapar los múltiples casos de corrupción que afectan al PP”. PP y Presidencia de la Xunta han declinado pronunciarse.