Aprobada la Ley de Transparencia con los votos a favor de CiU, ERC, PSC y PP

El Parlament ha aprobado hoy, tras dos años de reuniones, la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno con los votos a favor (107) de CIU, Esquerra Republicana, PSC y PP. Los grupos parlamentarios Ciutadans e Iniciativa se han abstenido (22) y el grupo mixto (CUP) ha votado en contra (3).

El texto, que entrará en vigor en los próximos seis meses, incorpora “el silencio positivo" que obliga a las instituciones a responder a las preguntas formuladas por los ciudadanos en un plazo máximo de un mes. La ley permitirá también conocer los contratos públicos- tanto de empresas públicas como de empresas privadas que gestionen bienes de carácter público-; publicará los sueldos de los altos cargos y de los funcionarios; regulará los lobbies -habrá un registro único de lobbies y grupos de interés para regular y "normalizar" su relación con la administración, que deberán seguir un código de conducta para evitar ser sancionados.

Las sanciones también tienen un papel protagonista en la ley de transparencia: desde 12.000 euros de multa hasta la inhabilitación en el cargo, en el caso de no facilitar o permitir el acceso a la información.

La ley contempla también la creación de la Comisión del Derecho al Acceso a la Información- organismo que integrarán de tres a cinco miembros designados por el Parlament- para evitar que el ciudadano recurra al contencioso-administrativo para acceder a datos que no obtenga.

También habrá un portal de transparencia, en el que todos los que tengan relación con la administración pública y accedan a recursos públicos tendrán la obligación de volcar los datos, y se podrá acceder así al registro de contratos y de convenios suscritos por la Generalitat.

Luces y sombras del texto

La mayoría de los grupos parlamentarios han celebrado la aprobación de una ley que dicen “llega tarde y en un momento duro”, pero que sin embargo traslada a la sociedad el mensaje de que están comprometidos con la transparencia y el buen gobierno en la actividad pública.

Esquerra y PSC creen que la ley “se queda corta”. Gemma Calvet, diputada de Esquerra, ha lamentado que no se incluya también la publicación del “tráfico económico”, es decir, de las entidades bancarias y financieras.

Ciutadans, ICV-EUIA y la CUP se han mostrado también muy críticos con el texto. Joan Mena, portavoz adjunto de Iniciativa- EUIA, ha criticado que la ley no garantiza conocer la trazabilidad del dinero público.

Por su parte David Fernández, diputado de la CUP, y Carina Mejías, portavoz de Ciutadans, han asegurado que no confían en un organismo que dice ser independiente (la Comisión de Acceso a la Información) cuando sus miembros son elegidos por el Parlament.