Casarrubuelos adjudicó a Púnica un contrato de 95.000 euros

El Ayuntamiento de Casarrubuelos (4.000 habitantes) ha abierto la revisión de oficio de un contrato energético de 95.000 euros vinculado a la Operación Púnica. Lo hace a instancias del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el caso. Hasta la fecha, el equipo de Gobierno, del Partido Popular, insistía en que no había indicios de delito, aunque su exalcalde, David Rodríguez, está imputado.

Cuando Rodríguez fue arrestado por corrupción, se despidió de sus compañeros con un mensaje dramático, que luego relató Juan José Huélamo, su segundo: “¡Con la de irregularidades y asuntos chuscos que ha habido durante 16 años en este Ayuntamiento con Izquierda Unida, y me van a imputar a mí por un contrato que no existe!”.

La localidad licitó el 20 de mayo de 2013 un contrato por seis meses con una “empresa energética”. El magistrado de la Audiencia Nacional no especifica cuál, pero presumiblemente es la compañía francesa Cofely, implicada en la trama púnica. La firma podría haber ganado con este tipo de licitaciones 160 millones de euros, de las 250 investigadas en seis municipios. Con el dinero obtenido por las contratas, Cofely pagaba comisiones al conseguidor David Marjaliza. Este, junto a Francisco Granados, las repartía luego con los políticos y funcionarios municipales que favorecían las adjudicaciones.

Los vecinos de Casarrubuelos recuerdan ver furgonetas de Cofely en el pueblo, lo que abunda en la idea de que la compañía a la que se refiere el juez Velasco es Cofely. El acuerdo en cuestión, negociado sin publicidad —por lo que sólo podían presentarse al concurso firmas invitadas por el Ayuntamiento—, ascendía a 95.000 euros. Según el escrito del 13 de noviembre del juez, se estaba “negociando la licitación” de otro contrato. Probablemente por un periodo largo de tiempo, a tenor de los negociados en otros municipios. En Serranillos del Valle y Collado Villalba los acuerdos son por 15 años, por 5,1 y 39,4 millones respectivamente. De hecho, el juez Velasco cree que el exregidor se habría puesto en manos de varios empresarios para redactar los pliegos de este contrato. “Creemos que querían aprobar un contrato de 15 años ahora. A final de año, con los nuevos presupuestos”, opina Vicente Artillero, portavoz de Izquierda Unida.

Tras la detención del alcalde, su teniente alcalde, Huélamo, aseguró a EL PAÍS que Cofely, como otras tres compañías, presentó hace año y medio un plan de ahorro energético que no llegó a ponerse en marcha por falta de dinero. “Hicieron pruebas con sus bombillas led, como el resto”. Hoy insiste en que no hay contrato —no pasó por pleno—, aunque el sábado el pleno votó por unanimidad que se investigue la adjudicación.

La comisión de investigación en Casarrubuelos se paralizó hace unas semanas por indicación de los servicios jurídicos municipales.